ADP y el empleo público

La promulgación de la ley que perfecciona a la Alta Dirección Pública, ADP, ha sido una buena noticia legislativa. Pero los avances que exhibe Chile en el empleo público a nivel directivo, reconocidos internacionalmente, no se compadece con los atrasos a nivel de los funcionarios públicos. Cualquier diagnóstico concluye siempre en lo mismo. Hay severas restricciones legales y malas prácticas laborales. La existencia de una carrera funcionaria para el personal de planta en el marco del estatuto administrativo, no cumplió la promesa de “garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso” ni “la objetividad de las calificaciones en función del mérito” como establece la ley. En los cargos de planta, que se crean y se eliminan solo por ley, los funcionarios detentan la propiedad del cargo lo que restringe la movilidad horizontal, hay inflexibilidad para el despido por bajo rendimiento y no hay obligación de retiro a la edad de jubilación. Todo ello afecta la productividad. Ha sido precisamente la rigidez de los cargos de planta, lo que llevó a que una categoría transitoria llamada “a contrata”, se hubiese convertido en la vía principal de crecimiento del empleo. Pero la contrata es un modelo de empleo precario. Desde luego, porque para llenar vacantes no hay exigencia legal de concursos, lo que se presta en muchos servicios para el “clientilismo” político, con contrataciones directas, y como los contratos son por un año, muchas veces se presta para la arbitrariedad en el despido. La evaluación de desempeño a nivel individual no ayuda para gestionar el desempeño, ya que es solo un instrumento de sanción que se traduce en que el 97% de los funcionarios queda en lista 1 de excelencia. A lo anterior se agrega un sistema de pagos complejo que suele responder más bien a presiones políticas. Desde luego, la larga tramitación del reajuste del sector público que ocurre todos los años daña las confianzas. Hay amplias brechas de salarios entre servicios públicos para cargos con funciones similares lo que es síntoma de inequidad que afecta el clima laboral. Asimismo, las diferencias a favor del empleo público respecto al sector privado para cargos similares son conocidas y están acreditadas. Por último, existe un ausentismo por licencias médicas desbordado, que es el doble, tanto respecto al sector privado chileno como al promedio de la OCDE. La gestión de las personas en el sector público se debe abordar de un modo integral y eso supone realizar cambios legales e institucionales. Se puede mantener la idea de una carrera funcionaria, pero sin los privilegios actuales en los cargos de planta, con ingreso en la base con concursos públicos competitivos, abiertos a toda la ciudadanía y transparentes. Promoción interna con estricta definición de las competencias y méritos para el cargo y apertura a otros servicios públicos sin privilegios especiales para el servicio de origen. La creciente demanda ciudadana por obtener una mejor atención y servicio hace imperioso contar con funcionarios públicos con las competencias para responder con prontitud y eficiencia. Con la actual estructura laboral no hay garantías de ser capaces de satisfacer tales expectativas. Columna publicada en La Segunda.