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Aguas turbulentas

21 de diciembre del 2016


La moción parlamentaria suscrita por el actual gobierno que modifica el Código de Aguas, y que en los próximos días pasa a discusión en el Senado, ha generado un intenso debate. Esta discusión afecta a todos los chilenos, pero en particular a los 330 mil titulares de derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos de ejercicio permanente y continuo, y a las más de cuatro mil organizaciones de usuarios de aguas que existen en Chile y que cumplen una vital función pública. Por supuesto, la institucionalidad de las aguas es perfectible y existen importantes desafíos en los recursos hídricos para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, sorprende el poco espacio que tienen en el debate legislativo las opiniones técnicas de instituciones expertas. Ejemplo de lo anterior es la escasa consideración que ha tenido el informe del Banco Mundial "Chile: diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos" (marzo 2011), que el gobierno de Chile solicitó a esta institución para apoyar la formulación de una política y estrategia nacional de gestión del agua. Aparte de reconocer que en Chile existe un marco jurídico adecuado para la gestión del recurso hídrico, el Banco Mundial propuso una serie de perfeccionamientos que no requieren de modificaciones legales. En otras palabras, los principales problemas que hoy afectan la gestión de aguas en Chile parecen no ser materia de ley. Por cierto, el actual proyecto tiene algunos elementos positivos, tales como: asegurar el agua para el consumo humano, incluyendo el saneamiento y el caudal ecológico; facultar a las asociaciones de agua potable rural para operar con derechos provisionales en tanto se finiquitan los trámites de solicitudes de aprovechamiento; fortalecer las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas (DGA), en la medida que vaya acompañado de la profesionalización de sus funcionarios y de una mayor dotación de personal, y aumentar la progresión de las patentes por no uso del recurso, de modo de incentivar que se concreten las obras. Sin embargo, vemos con especial preocupación que otras modificaciones son derechamente perniciosas y algunas son inconstitucionales. Lamentamos que la discusión, que debió partir con el perfeccionamiento institucional y el aumento presupuestario para la DGA, haya terminado en un paquete de soluciones que podrían agravar las falencias actuales, tales como: el cambio de la naturaleza jurídica de los derechos de aprovechamiento de aguas; afectar derechos existentes; disminuir el rol de las organizaciones de usuarios de aguas tales como las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas y las comunidades, y, por último, aumentar los tiempos de tramitación ante la DGA. Preocupa sobremanera la modificación de la naturaleza jurídica de los derechos de aprovechamiento de aguas, pasando de ser un derecho real de propiedad perpetuo y amparado por la Constitución a una concesión de carácter administrativo sobre las aguas. La temporalidad con la cual se otorgarían -plazo de 30 años prorrogable- y el mandato de deber ser concedidas en función del interés público generarían una compleja y difusa discrecionalidad administrativa. Además, preocupa la revisión permanente a la cual estarían sujetas estas concesiones de aprovechamiento de aguas de manera también discrecional, tal como establece el inciso cuarto del artículo 6º de la moción apoyada por el Ejecutivo. Seamos claros: el consumo humano, que representa alrededor del 1% de la disponibilidad de recursos hídricos en Chile, no está en juego. Además, la DGA dispone hoy de una serie de herramientas para ajustar el ejercicio de todos los derechos a la sustentabilidad de la fuente, como la reducción a prorrata de los derechos, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el caudal ecológico mínimo y las reservas ambientales, entre otras. Hay una serie de materias urgentes de abordar tales como: mejorar los sistemas de información y comunicación de la gestión de recursos hídricos; hacer más sostenible la gestión del agua subterránea; integrar la gestión de cuencas y fomentar la participación de los grupos interesados; lograr mayor coordinación intra e inter sectorial; fortalecer las organizaciones de usuarios; fortalecer la DGA; avanzar en la resolución de conflictos; mejorar el registro público de los derechos; aumentar la protección de los requerimientos hídricos para los ecosistemas y servicios asociados; mejorar los mercados de aguas, y proteger los derechos de aguas de los grupos vulnerables. Pero en momentos en que nuestra economía apenas crece y en que hay un amplio consenso sobre la necesidad de despejar incertidumbres y generar confianzas como un elemento clave para mejorar nuestras perspectivas de crecimiento, este proyecto introduce un importante foco adicional de incertidumbre y desconfianza. Columna publicada en El Mercurio.
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Políticas Públicas
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Felipe Larraín

Doctor en Economía. Universidad de Harvard (EE.UU.). Ingeniero Comercial UC. Exministro de Hacienda. Profesor Titular Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UC.

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