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Alta Dirección Pública, dinero y política

2 de febrero del 2015


En 2002, un ministro reconoció que unos dos mil altos funcionarios leales a partidos en la actual Nueva Mayoría recibían todos los meses sobres llenos de 1 o 2 millones de pesos en billetes, originados en recursos públicos secretos, sin control del Congreso ni de Contraloría. Muchos de quienes recibían los billetes pagaban con trabajo "voluntario", que son donaciones en especies, específicamente prestaciones de trabajo, a las campañas electorales de su trenza o facción. Ese era el componente dominante de la relación entre dinero y política. Esos ingresos también eran "negros" por el lado del donante, porque estos billetes eran ingreso sujeto al impuesto a la renta personal. Sin embargo, al ser consultado en 2002 si eran renta, el Servicio de Impuestos Internos adujo que era decisión de cada beneficiario de los sobres elegir entre pagar o no. Podría haberse querellado por declaraciones ideológicamente falsas. En 2002 los líderes de opinión propusieron una salida institucional por medio de una Alta Dirección Pública controlada por un Consejo Autónomo. Un presidente de ese consejo cercano a La Moneda, con la ayuda de los otros consejeros, evitaría que las facciones designaran operadores políticos en tantos puestos públicos de perfil ejecutivo. También propusieron que la ley creara un filtro de mérito para llegar a esos puestos ejecutivos, como ocurre en parte de la OCDE. Sin embargo, aprovechando la urgencia y el desorden, ciertos operadores de gobierno insertaron en la ley la trampa de los directivos "provisionales", quienes al estar exentos del filtro de mérito y tener duración de cuatro años, rompen el espíritu de esta salida institucional. Luego, las facciones demoraron la aplicación hasta después de la elección de 2005. Del financiamiento de esa campaña, la justicia detectó solamente los casos de Chile Deportes y Ministerio del Trabajo. Hoy, la lucha interna por multiplicar y eternizar a los "provisionales" está siendo ganada por los operadores de la Nueva Mayoría. En efecto, el instructivo presidencial de marzo de 2014 dio un plazo máximo de 15 días hábiles a los jefes de servicio para pronunciarse frente a las nóminas que les presente el sistema de Alta Dirección, para llenar por concurso puestos directivos de segundo nivel jerárquico. Al 20 de enero de 2015, hubo 84 nóminas ya terminadas. Sin embargo, la demora promedio de los jefes de servicio en pronunciarse, a esa fecha, alcanzaba a 45,5 días. Esta burla a la instrucción de La Moneda es generalizada, pues en los servicios del Ministerio de Economía la demora promedio fue de 67 días, en los de Justicia 84 días y en los de Salud 45 días. Así, en 2014 se rearmó el financiamiento estatal asimétrico de las campañas que rigió hasta 2005. La potencia campañera de los operadores oficialistas excede con mucho a la diferencia de aportes privados a las campañas de las dos coaliciones. En efecto, 2 mil operadores, por $1,5 millón de exceso de sueldo promedio, suman 144 mil millones de pesos en los 48 meses de un ciclo electoral, exigibles en trabajo y otras especies. ¿Cómo es posible que los intelectuales socialdemócratas y socialcristianos hagan propuestas sobre la relación entre dinero y política que omiten erradicar este masivo financiamiento negro? Y este es doblemente negro, porque no son recursos originados en la simpatía política, sino recursos extraídos a la fuerza a la ciudadanía por un Estado capturado por los políticos beneficiados. Los intelectuales aludidos también han omitido adaptar métodos que aseguren que los límites al gasto electoral cubran a las donaciones en especies, en especial a las prestaciones de trabajo por parte de funcionarios y asesores del Estado. Por su lado, el desmoronamiento práctico del sistema de Alta Dirección es un grave retroceso en el desarrollo democrático de Chile. Tiene un responsable: la persona en La Moneda que omite sancionar a los jefes de servicio que se burlan, y que posterga reactivar el proyecto de ley que perfeccionaría el sistema de Alta Dirección Pública por medio de limitar a los provisionales". http://www.elmercurio.com/blogs/2015/02/01/29032/Alta-Direccion-Publica-dinero-y-politica.aspx  
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Salvador Valdés

Ing. Civil UC. Ph.D. en Economía MIT.
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