Cuentas alegres, corrupción y fraudes

Un ex presidente del Senado se felicita por las nuevas leyes sobre probidad y financiamiento de campañas y partidos. Si bien la mayor parte de las medidas son positivas, ellas hacen poco respecto de las fuerzas que sustentan el financiamiento irregular de la política. Esas fuerzas son la corrupción, la extorsión y la extracción de recursos al Estado (fraude al fisco) por parte de políticos, tanto para sí mismos como para sus campañas. Estas graves faltas son la principal causa de la desconfianza de la ciudadanía en la política, y ella subsistirá mientras no se adopten protecciones eficaces. Del mismo modo, mientras esas fuerzas no sean frenadas con efectividad, las medidas recientes respecto de campañas y partidos políticos volverán a ser sobrepasadas por políticos y donantes sin ética, tal como ocurrió entre 2005 y 2013. Hay extorsión cuando un político poderoso (ejecutivo, legislador, representante de candidato presidencial con apoyo sustancial) exige a un proveedor o persona regulada que done a su campaña, a su partido o a su familia, bajo amenaza de dañarlo por medio de sus potestades públicas actuales o futuras, incluyendo las atribuciones de los funcionarios que llegarán a su puesto por su intercesión. Ejemplos ya juzgados son los de algunos proveedores de Gate y el caso Coimas (2002). La corrupción difiere solo en que ambas partes participan voluntariamente. Toma muchas formas, una de las cuales es que una autoridad acuerde favores regulatorios o información privilegiada a cambio de mesadas para su proyecto político. El instrumento capaz de limpiar la extorsión y corrupción es extender la delación compensada, la protección de testigos, y registro y allanamiento, hacia los delitos de extorsión y corrupción cometidos por servidores públicos y sus agentes. La definición de estos delitos debe ser ampliada. Quienes usarían este instrumental con fuerza son los fiscales -no el Servel-, pero ello les entregaría un poder excesivo: ellos podrían filtrar información parcial a los medios de comunicación, con el fin de influir a los jueces, y podrían tratar de hundir a políticos que no sean de su gusto, como se vio en las democracias italiana y española. Aprendiendo, Chile debe adoptar también el remedio: crear una "Fiscalía antifiscales", como la que en España destituyó a B. Garzón por abuso. La extracción de recursos al Estado (fraude al fisco) por parte de políticos es otro problema, y se frena con otro instrumento: fortalecer la Contraloría. Si nuevas autoridades políticas traen decenas y cientos de fieles a ministerios, gobiernos regionales y municipios, con remuneraciones excesivas -en relación con el mercado laboral de cada uno-, la Contraloría debe investigar. Hoy no lo hace. Siete meses atrás presentamos a una comisión del Senado un texto concreto, que crearía dentro de la Contraloría una unidad especializada en identificar remuneraciones excesivas dentro del 5% de empleados con mayores remuneraciones en cada ministerio. Para cuando esos fieles traspasen su sobresueldo a la red de quien los empleó, se requiere tipificar los delitos de financiamiento fraudulento de la política y extender los de enriquecimiento ilícito. La Nueva Mayoría no ha querido limpiar de verdad: nuestra propuesta fue recibida por senadores y la Subsecretaría Segpres, y omitieron toda medida en esta área. Para que los ciudadanos volvamos a confiar, los partidos serios deben proponer instrumentos que limpien de verdad, y deben desafiar a los ciudadanos a ir a votar a favor de rivales de quienes no quieren limpiar.