Defensoría de los Derechos de la Niñez

La defensora de la Niñez tiene en sus manos una tarea tan exigente como trascendente: gestionar la implementación de la ley que da origen a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuya finalidad es crear un organismo autónomo e independiente que vele por la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños. El diseño institucional de la Defensoría tiene como elementos centrales la autodeterminación y efectividad en el ejercicio de sus funciones, lo que supone la elaboración de estatutos que deben ser propuestos por la defensora de la Niñez al Presidente de la República para su aprobación. Por esta vía deberán establecerse normas para dirigir, organizar y administrar la defensoría, tarea para la que cuenta con 27 funcionarios y un limitado presupuesto. La ley es exigua en varios aspectos, por lo que la responsabilidad de implementar las atribuciones y competencias de este organismo recaerá en la recién designada defensora, quien dispone de cinco años para delinear una institucionalidad adecuada acorde con la relevancia de las tareas encomendadas. En su cometido contará con un consejo consultivo —que será también una materia a definir por vía estatutaria—, el que deberá representar a la sociedad civil, a la academia y a los niños, cuyos miembros serán seleccionados por el Servicio Civil. En el contexto actual, la labor encomendada por ley a la Defensoría supone ir más allá de los resultados a corto plazo y generar una gobernanza que refleje el compromiso de toda la organización con los bienes jurídicos protegidos, de modo que se traduzca en el apoyo que niños y adolescentes requieren. Entre las actuaciones que esta entidad podrá realizar está principalmente la de derivar peticiones que reciba, realizando recomendaciones y emitiendo informes a órganos del Estado, además de supervigilar cualquier centro donde un niño pueda estar privado de libertad. De ahí la importancia de consolidar la idoneidad en el desarrollo de sus funciones, dotándola del prestigio necesario. Para ello es indispensable trabajar en líneas de acción que pongan en marcha la nueva institucionalidad, reflejando el sentido de urgencia que inspira el mandato legal de proteger y promover los derechos de los niños más vulnerables de nuestra sociedad. Columna publicada en La Segunda.