Educación superior: la reforma del disenso

A dos meses de la tramitación en la Cámara del proyecto de ley que reforma la educación superior, la propuesta del Ejecutivo mantiene un alto nivel de rechazo. Se consolida la idea de que se trata de un proyecto defectuoso, incoherente con la tesis de avanzar en calidad, pertinencia y equidad. Su foco está puesto en que hay que controlar más a las instituciones de la educación superior (IES), premisa muy arraigada en visiones mesiánicas que arrancan de una falsa promesa, el regulador sabe mejor que nadie "cómo manejar" a las IES y corregir las "fallas" del sistema y de un diagnóstico catastrofista que no se aviene con la realidad ni con lo que dicen respetables organismos internacionales, como la OCDE o el Banco Mundial: la educación superior chilena pareciera hacer agua por todos lados. El proyecto declara reconocer y garantizar la autonomía de las IES, pero no trepida en acotarla "al marco establecido por la ley", olvidando su rango superior de garantía constitucional. Resultado, en los hechos la autonomía es vulnerada varias veces en el proyecto mismo. En efecto, el ministerio, no las IES, define las políticas de ingreso e inclusión, permanencia y titulación de estudiantes. En acceso, el ministerio, no las IES, administra los procesos y define y aprueba los instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes. Y la decisión de apertura de nuevas carreras o sedes no es de las IES, sino del Consejo para la Calidad. Asimismo, la potestad para tomar algunas decisiones relevantes no queda en un órgano colegiado autónomo, sino que se aloja en el ministerio. Este último, no el Consejo para la Calidad, aprueba los criterios y estándares de calidad para la acreditación. El ministerio, no un organismo independiente, define el Marco Nacional de Cualificaciones que establece los contenidos curriculares en la educación universitaria y técnico-profesional. El ministerio, no el Consejo Nacional de Educación, aprueba el nombramiento del administrador provisional cuando a una IES no acreditada se le revoca el reconocimiento oficial. En el rol de la Superintendencia se sigue la misma lógica intrusiva. La Superintendencia no solo supervisa la viabilidad financiera de las IES, sino que fiscaliza la legalidad del uso de los recursos, no solo los públicos, lo que se presta para la arbitrariedad. Las operaciones con personas relacionadas, o están expresamente prohibidas o se ven severamente restringidas, afectando el desarrollo de emprendimientos en el que participan académicos. En materia de financiamiento, se pasa desde un sistema libre y autónomo en la definición de carreras, programas, aranceles y vacantes a otro donde una autoridad política de gobierno fija todo lo anterior. La gratuidad, que se detiene transitoriamente en el decil 6 de ingresos familiares, pone una camisa de fuerza desde el punto de vista financiero para las IES no estatales de mayor calidad y trayectoria. Ellas se ven obligadas a sumarse a la gratuidad, aunque no cubran sus costos operacionales, ya que la alternativa es perder los fondos basales, lo que ocasiona un perjuicio mayor. Son tantos los frentes donde hay serios cuestionamientos al proyecto de ley que ha surgido la opción de que se tramiten por separado sus componentes. No parece una buena estrategia. El proyecto de ley es coherente en el sentido de que define concertadamente las formas de control que ejercen los organismos reguladores y las bases del nuevo financiamiento y no se ve cómo se puede legislar en un ámbito sin saber qué sucederá en el resto del sistema. El propio Gobierno ha dicho que propone al Congreso un proyecto "que viene a reformar completamente el régimen jurídico del sector", "creando un Sistema de Educación Superior". Su tarea, en consecuencia, es defender lo que en esencia es, ni más ni menos, un proyecto de ley integral que refunda lo existente. Publicado en El Mercurio.