El CAE no se cae, se modifica

¿Cómo se explica que el Crédito con Aval del Estado (CAE), que permitió financiar el acceso a la educación superior de 718.581 estudiantes en los últimos 10 años, sea hoy estigmatizado como una perversión financiera de las ayudas estudiantiles y no se le reconozca mérito alguno? El creador del CAE, el expresidente Lagos, defendía hace poco este instrumento porque contribuyó a masificar la cobertura, pero reconociendo que si fuera joven se opondría a él. ¿Pensarán lo mismo los padres de los estudiantes que gracias a este crédito lograron el anhelado sueño de un hijo o hija ingresando a la universidad, a un CFT o IP? El CAE tiene problemas. Desde luego, hay dos verdades que saltan a la vista. Una falla fundamental del CAE fue no contemplar un pago contingente al ingreso del deudor. En la educación superior hay una enorme variabilidad de ingresos laborales posteriores al egreso, muchas veces por la baja calidad de la formación, no por culpa del estudiante sino por una precaria regulación sobre instituciones que defraudan la fe pública. Por tanto, con cuotas fijas de pago, muchos egresados han caído en mora. Un estudio del Banco Mundial en 2011 mostró que en el CAE la relación deuda a ingreso anual del egresado era de un 174%, seis veces superior a la de países europeos. En el gobierno del Presidente Piñera se corrigió en alguna medida el problema al fijar un tope máximo de pago de 10% del ingreso laboral del deudor, y rebajar la tasa de interés a un 2%. La segunda falla es que la ley niega al Estado el derecho a emitir créditos. Al dejar fuera esta opción, el Estado queda a merced de la banca, que impone condiciones, si bien legítimas en función de sus costos financieros y operacionales, muy onerosas. En la práctica, el Estado licita carteras de crédito entre los bancos, quienes pueden revenderle de vuelta una parte de la nómina recibida y obtener sobre ella una recarga o premio sobre su valor nominal. Se presenta así un incentivo perverso: la banca busca vender al Estado una parte importante de los créditos porque gozan de un recargo y además se deshace de aquellos con larga maduración y más riesgosos. Peor aún, estos créditos son administrados por los propios bancos, lo que desincentiva su cobranza. Estupendo negocio para los bancos y pésimo para el Estado que no tiene defensas, ya que no puede oponer capital propio como alternativa de menor costo. Pero hay que tener cuidado con el entusiasmo ambiente de que “sacando a la banca se solucionan los problemas”. O hay ignorancia de cómo funciona el sistema de créditos o se busca lanzar una cortina de humo para vender la idea de que sin la banca se esfuma la deuda. No es así. La dicotomía estado o bancos tiene que ver con las fuentes de financiamiento y los costos fiscales, sin alterar sustantivamente la situación de los deudores. ¡El crédito existe para pagarse! Lo que es claro es que un CAE remozado debería cimentarse en una cultura del cumplimiento y eficiencia en la cobranza, que permita amortizar el préstamo en un plazo razonable. Como contrapartida, debe condonarse cualquier saldo de deuda al final del período para premiar el compromiso y la responsabilidad del deudor, y por razones de equidad debe buscarse una solución a estudiantes que se endeudaron al comienzo bajo un esquema mal diseñado, y que presentan altas tasas de morosidad. Columna publicada en La Tercera.