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Columnas

Encarando la vulnerabilidad energética

Existe una gran oportunidad en el plan energético denominado “Ruta Energética 2018 – 2022” de la actual administración. Son 10 compromisos en 7 ejes temáticos que abarcan desde la modernización energética hasta la educación y capacitación para promover una mayor cultura energética. Entre estas medidas considero que el levantamiento del mapa de vulnerabilidad energética es, en definitiva, el principal desafío para dar un paso más hacia el desarrollo.

En el documento del Ministerio de Energía, la vulnerabilidad energética es entendida como la carencia de acceso a electricidad y otros servicios energéticos por parte de las familias. De igual manera, en la literatura económica internacional la vulnerabilidad energética es también conocida como pobreza energética, donde los criterios metodológicos para su estimación consideran el gasto en consumo energético familiar para la cocción de alimentos, la iluminación del hogar y el mantenimiento de una temperatura adecuada de la vivienda durante todas las estaciones del año (calefacción en invierno y refrigeración en verano), el número y edades de integrantes de la familia, la disponibilidad presupuestaria para las demás necesidades y las condiciones de aislamiento térmico de las viviendas.

El documento de trabajo Nº30 de Clapes UC de los investigadores Cerda y Gonzales (2017), titulado Pobreza Energética e Impuesto a las Emisiones de CO2 en Chile, entrega mediciones de pobreza energética a nivel nacional empleando el gasto energético de los hogares y simulando los efectos de cambios en los precios de los combustible debidos a un impuesto al CO2. Tomando como insumo para el cálculo la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada por el INE, el documento señala que existe un 15.7% de los hogares a nivel nacional—aproximadamente más de un millón y medio de personas—que se encuentra en situación de vulnerabilidad energética. El documento propone una compensación presupuestaria para los cuatro deciles más pobres y entrega otras recomendaciones de políticas públicas.

Continuar con la identificación de las familias con vulnerabilidad energética a través de un mapeo responde una de las recomendaciones del documento de Clapes UC, que es la identificación del gasto de las familias pasando de nivel nacional a nivel regional. Los autores justifican esta recomendación utilizando los datos del balance energético regional, donde se aprecia que el consumo residencial varía a lo largo de todo el país de manera significativa. Por ejemplo, en algunas regiones del sur (Los Lagos, Los Ríos, Aysén, Araucanía, Bio Bio y Del Maule) más del 50% del consumo energético residencial es Biomasa (principalmente leña). Por otra parte, el consumo eléctrico es superior al 50% en Tarapacá, Atacama, Antofagasta y Coquimbo. Mientras que el resto las regiones presenta algo más de opciones de consumo, como en la región Arica y Parinacota, Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Magallanes – en esta última el gas natural representa el 60.2% del consumo familiar.

Esta realidad nos plantea que a nivel nacional el reto es tanto de cobertura como de sustitución en el consumo de combustibles. A nivel nacional constatamos que el 43.3% del consumo energético regional es biomasa, seguido por electricidad en 24.7% y gas licuado de petróleo 16.7%. Una comparación con el consumo promedio de países de la OECD indica que existiría espacio para pensar en mejoras en la eficiencia del consumo de estos combustibles a través de un cambio gradual de hábitos de uso.

Junto con la noticia del mapeo de la vulnerabilidad energética es importante destacar el llamado a complementar esta iniciativa con la expansión de la encuesta de presupuestos familiares, para que tenga representatividad regional y de esta manera saber dónde están los hogares que sufren de una carencia energética y que necesitan un apoyo concreto para satisfacer esta necesidad.

Columna publicada en La Tercera