Estado, educación y sociedad civil

EL FALLO del Tribunal Constitucional (TC) sobre educación pone una lápida a la libertad de emprendimiento que ha sido la base del desarrollo de la educación impartida por particulares. Al rechazar los requerimientos de inconstitucionalidad sobre materias ligadas a la libertad de enseñanza, amenazadas por el proyecto de reforma escolar, el TC se pone a favor de un Estado omnipotente que sabe mejor que nadie cómo garantizar el derecho a la educación. De paso, deja a la libertad de enseñanza como un principio de segundo orden y subordinado a la decisión de la burocracia estatal.

 Analistas han calificado este fallo como un precedente cuya jurisprudencia agrega otra pieza para sentar las bases de una nueva concepción del Estado y su rol en la sociedad, que debería quedar plasmado en una nueva Constitución. Se trata de caminar hacia un nuevo paradigma social que frena la iniciativa individual para desarrollar con libertad actividades que, por su naturaleza de bien público, merecen recibir recursos del Estado. Se acaba el rol subsidiario en que el Estado cede al privado la decisión de emprender un nuevo proyecto, a cambio de aportar financiamiento y fiscalizar su destino. En el nuevo escenario, el Estado podría negarle al particular el derecho a iniciar una actividad que tenga algún componente de bien público, por razones espurias, o porque decide asumirla directamente.

Lo que está en juego de algún modo retrotrae la discusión sobre la antigua dicotomía Estado y mercado y sus límites, o Estado y sociedad civil. Quienes abogan por el activismo estatal, olvidan  el fracaso de las utopías socialistas y de la planificación central como “el” modelo. El “Leviatán” de Hobbes se mostró incapaz de satisfacer las necesidades de la gente, lo que dio paso a una renovación de su rol. Desde luego, ser garantía para el fiel cumplimento de las reglas del juego y responsable de sus deberes, que respecto al mercado se lee como la libre competencia y, respecto a la sociedad civil la provisión de bienes públicos y su irrenunciable derecho a la justicia social. Pero no un Estado intrusivo que ahoga la iniciativa privada, que asume tareas para las cuales no está capacitado, y que con arrogancia juzga a los particulares con todo el rigor que no aplica a sus propias actividades.

Lo sucedido con la reforma escolar emprendida por el Gobierno y sancionada ahora por el citado fallo, es un precedente que debe preocupar. Primero, porque lo esperable era una reforma con un diagnóstico transversal que pusiera por delante las carencias de toda la educación que financia el Estado, pública y privada, con miras a conjugar equidad y calidad, y, en su lugar, se optó por concentrar los esfuerzos en enjuiciar la naturaleza jurídica de los sostenedores privados, como si ella fuese el origen de todos los males. Es cierto que el Estado no tiene la obligación de financiar cualquier proyecto de educación sólo porque hay que respetar la libertad de emprendimiento y de enseñanza, a menos que existan garantías de calidad y de inclusión. Pero para ello no era necesario poner barreras y acabar con parte de la educación particular, sino regular con inteligencia. Lo segundo, es que este desigual trato entre la educación pública y privada podría replicarse en la educación superior y entonces la inquietud crece. Se están creando dos universidades estatales y dos CFT cuyas exigencias para operar no dan garantías de calidad. Si fuesen privadas, ¿operaría el mismo criterio? Y dentro de los próximos meses se conocerá la iniciativa que hará posible la gratuidad universal en los estudios superiores, y lo que se escucha con fuerza es que será la oportunidad esta vez para dar a las universidades estatales un trato especial en materia de financiamiento. ¿No es preocupante?

http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2015/04/895-625325-9-estado-educacion-y-sociedad-civil.shtml