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Columnas

Estado y la protección del jardín

Una sensación que recorre Chile es la constatación de que el Estado crece en burocracia —y no en calidad de servicio—, está tecnológicamente atrasado, muestra lagunas de opacidad y, peor aún, es acusado de “malos tratos” (Ver Informe “Desiguales” del PNUD). El Centro de Estudios Públicos (CEP) convocó a personeros del mundo académico, público y privado a repensar nuestro Estado a la luz de un Chile que cambió. Donde lo público no se agota en lo estatal y donde la sociedad civil reclama espacios de libertad para el desarrollo personal, familiar y colectivo.

De allí surgió un macizo documento denominado “Un Estado para la Ciudadanía”, que aborda una reforma del estado integral, perseverante y sostenida, capaz de combatir la apatía y la desconfianza en las instituciones y en la política, y necesaria para enfrentar años de severas restricciones fiscales.

Tres son sus ejes. Una mejor deliberación política, lo que supone reformar el centro de gobierno, otorgar al Presidente la facultad de reorganizar la dependencia jerárquica en los ministerios, nombrar viceministros y crear la figura de subsecretarios para la gestión. Se instaura por ley un consejo que evalúe la aplicación de la regla fiscal y la sostenibilidad de la política fiscal. Se mejora el contenido de los informes financieros y de productividad de los proyectos de ley, y se dota al Congreso de mayor capacidad de fiscalización creando una Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas. Un segundo eje lo conforma una mejor gestión en el Estado con énfasis en el régimen del empleo público, la flexibilidad presupuestaria de los servicios, y un manejo inteligente de la información en el Estado. Se propone un consejo para el Servicio Civil, y no sólo para la Alta Dirección Pública, con un gobierno corporativo más autónomo. Se propone cambiar el régimen híbrido de empleo público actual por una nueva modalidad única, fomentando la movilidad horizontal.

Finalmente, en evaluación, control y transparencia se propone la creación de una Agencia de Productividad y Evaluación que goce de autonomía legal y se entregan herramientas para que los contribuyentes puedan acceder a información sobre el gasto público con estándares de usabilidad y consistencia.

Si el Estado ha recibido de la sociedad el ejercicio legítimo del poder para proteger, en la metáfora de Holderlin, “el jardín que contiene los frutos y las flores humanas”, es evidente que hoy no cumple bien dicho rol. No sólo en Chile. Su crisis ha sido, en parte, la consecuencia de la hipertrofia fiscal provocada por el estado de bienestar y la pretendida universalidad en el financiamiento público de los derechos sociales.

La otra parte de la crisis es antropológica; de identidad. De olvidar la primacía de la persona por sobre las estructuras, de ser un medio para servir y no un fin al que hay que servir.

Columna publicada en La Segunda.