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Columnas

16 Abril 2019 | Karin Moore | Otros

Ética y tecnología: una asignatura pendiente

Los códigos éticos digitales son absolutamente necesarios, pero no debemos olvidar que esta es una zona gris en la que las normas jurídicas no siempre entregarán una respuesta.

 

Las leyes sobre privacidad están siendo actualizadas a nivel mundial. El común denominador en estos procesos de renovación es el aumento de las expectativas sobre las empresas y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos: el derecho a la transparencia se convierte en el deber de informar de las empresas.

Las empresas utilizan nuestros datos personales, por lo que se vuelve fundamental entender cómo esto nos impacta, dado que la legítima preocupación por la integridad individual aumentará con la creciente digitalización de la sociedad.

No es casualidad que distintos organismos estén generando marcos éticos: como la Declaración de la Comisión Europea sobre inteligencia artificial, robótica y sistemas autónomos; los 23 Principios de Asilomar de la Inteligencia Artificial; o la Declaración de derechos humanos para un entorno digital. En este mismo sentido, el Reglamento Europeo de Protección de datos Personales se refiere a la transparencia que las empresas deben ofrecer a los ciudadanos.

Los códigos éticos digitales son absolutamente necesarios, pero no debemos olvidar que esta es una zona gris en la que las normas jurídicas no siempre entregarán una respuesta. Las leyes sobre privacidad de datos pueden regular lo que podemos hacer, pero la ética digital define lo que decidimos hacer.

Las empresas también están llamadas a desarrollar códigos éticos que guíen sus prácticas corporativas y demuestren su compromiso con la ética, la diversidad y la transparencia; anticipándose a la incorporación de inteligencia artificial en sus procesos o productos.

Por su parte, el regulador tiene la tarea y el deber de demostrar que está consistentemente preocupado de proteger la forma en que la información personal de los ciudadanos está siendo utilizada tanto por actores del sector público como privado.

Chile tiene aquí un desafío: nuestra legislación está centrada en la protección y uso de datos personales de las personas naturales y si bien somos el primer país latinoamericano en acoger un marco regulatorio en esta materia, continuamos al debe. Necesitamos políticas públicas que incorporen mejor regulación, educación y ética como parte del proceso de adaptación al cambio tecnológico.

Es un hecho que la tecnología está cambiando nuestras vidas y trabajos. Se requieren criterios de integridad y principios globales de protección de datos personales. Hacernos cargo del vertiginoso avance de la tecnología ya no es una opción.

Columna publicada por La Tercera