Fin del DL 600: Un debate más profundo.

Mucho se ha debatido sobre la derogación del DL 600 impulsada por este gobierno. Quienes lo apoyan han argumentado que Chile ya es un país que da garantías de estabilidad suficientes para el inversionista extranjero y que la invariabilidad tributaria es una herramienta cuya relevancia ha disminuido con el tiempo. Sin embargo, el análisis de una modificación como la propuesta debiera ser bastante más profundo y a la altura de la mismas garantías de seriedad que nos jactamos poseer como país, dado el impacto que puede llegar a generar, en especial en sectores que han basado su institucionalidad en este instrumento como es la minería nacional.

Una rápida lectura de algunas cifras nos puede ayudar a dimensionar la importancia que ha tenido el DL 600 para la atracción de inversiones extranjeras, y del rol clave que ha jugado en el crecimiento de la minería en los últimos 25 años. Desde 1974 a 2012 se materializaron en este sector más de US$30 mil millones bajo este mecanismo, más de un tercio del total de inversiones materializadas en el país en dicho período. Así, entre 2006 y 2012 la minería aportó, en promedio, con el 23% de los ingresos fiscales. Para los próximos años -según datos de Cochilco- se espera que el sector invierta sobre US$100.000 millones en distintos proyectos. Gracias al efecto multiplicador de las inversiones mineras, se estima que por cada peso invertido en la industria minera se invierte otro peso en otro sector de la economía. La minería ha sido y será clave para alcanzar estándares de país desarrollado antes del fin de la década.

En el debate sobre DL 600 debe considerarse que su derogación se da en un escenario de cambios profundos a la institucionalidad vigente. Por ello, avanzar en la eliminación de instrumentos que dan certidumbre para el inversionista extranjero sin tener claridad respecto del nuevo cuerpo constitucional que se establecería puede generar un vacío en las reglas que  muchos inversionistas no querrán arriesgarse a enfrentar. Otro aspecto a considerar es que esta norma no sólo se refiere a la invariabilidad tributaria sino que aborda otros aspectos  muy relevantes para el inversionista extranjero tales como acceso a divisas, remesas de capital y utilidades, reinversión de utilidades y no discriminación o igual trato que a inversionistas nacionales. Hay que recordar que su actual contenido fue aprobado por la unanimidad de ambas cámaras del Congreso Nacional el año 1993 durante el gobierno del Presidente Aylwin, modificándose luego el año 2005, a través de la Ley 20.026 que establece el impuesto específico a la actividad minera, por lo que es necesario dejar fuera del debate el argumento de la naturaleza o validez del origen del DL 600, para enfocar la discusión en los aspectos realmente fundamentales de la propuesta.

Más allá de los números, importan las certezas. El DL 600 es hoy la palabra del Estado de Chile que asegura a un inversionista foráneo que se le mantendrán las reglas del juego, por un determinado período de tiempo, sin importar los cambios de gobierno o los vaivenes de la economía. Esta palabra (y contrato-ley para las partes) es valiosa para quien emprende con su capital en una actividad costosa, riesgosa y de largo plazo. Por eso se diseñó este mecanismo y luego se ratificó como ley de manera unánime en el Congreso, por eso ha sido exitosa en el pasado y en el presente.  

El aumento sostenido del precio de la energía sin una solución de corto plazo en perspectiva; la oposición social a los proyectos de inversión de distinta índole -incluso con permisos correspondientes-; la pérdida de competitividad y las incertidumbres económicas en los principales países consumidores de nuestras materias primas unidos a los reformas constitucional y legislativas anunciadas siembran incertidumbre. Y, serán factores que los inversionistas evaluarán al momento de invertir en Chile. Por ello, la palabra del Estado adquiere aun más valor por lo que, independiente de perfeccionar sus normas especificas, debe exigirse, como mínimo, que la derogación del DL 600 sea  evaluada con la profundidad y tiempo que un asunto de esta envergadura se merece. 

Publicado en Diario Financiero, 28 de abril 2014.