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Gratuidad: A la espera del fallo del TC

7 de diciembre del 2015


El Tribunal Constitucional, al declarar admisible el recurso que impugna la glosa sobre gratuidad para la educación superior, deja en suspenso por algunas semanas la factibilidad de puesta en marcha de este nuevo esquema de financiamiento público. El recurso presentado se refiere a la discriminación arbitraria que sufrirían estudiantes que, pese a exhibir igual condición de vulnerabilidad, son marginados del beneficio y no acceden a estudios gratuitos. También se cuestiona el uso de una glosa presupuestaria y no una ley para hacer un cambio sustantivo en una política pública. Si el fallo ratifica la inconstitucionalidad de la glosa, lo que no es descartable porque la Carta Fundamental declara "la no discriminación arbitraria en el trato económico que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica" (artículo 22), se vislumbra un complejo escenario. Desde luego, sentar una jurisprudencia para acoger otros recursos similares como impugnar el actual sistema de créditos y becas de arancel donde subsisten odiosas discriminaciones entre estudiantes con el mismo nivel socioeconómico. Y por cierto, una dura derrota política para el Gobierno por la manera improvisada y desprolija de impulsar esta reforma educacional. Si, por el contrario, el Tribunal denegara el recurso, la propuesta de "gratuidad" seguiría su curso. Se instalaría un nuevo modelo de financiamiento público que generará más de alguna frustración entre los estudiantes y con riesgos de someter a las instituciones a un control sobre su nivel y estructura de gastos y pérdidas de autonomía al pasar a depender enteramente del Estado como exclusiva fuente de ingresos. En efecto, hay que advertir que la sentencia repetida a diario de que la gratuidad derribará las barreras que impiden el acceso de grupos vulnerables es bastante engañosa. De los poco más de 250 mil estudiantes egresados de enseñanza media este año, cifra similar a la que rindió la PSU, solo ingresará menos de la mitad a la educación superior, y los liceos fiscales, como siempre, serán los más afectados. La razón de fondo no es económica: una vasta mayoría de los jóvenes no reúnen los requisitos académicos mínimos para ingresar por la mala preparación que recibieron en la educación escolar. La gratuidad para miles de estudiantes con precarios conocimientos y preparación no es la llave maestra del acceso. Peor aún, la gratuidad elimina el mérito como requisito para obtener recursos públicos, lo que además de ser poco responsable contraviene la propia declaración universal de derechos humanos que, en su artículo 26, puso el mérito como exigencia para reclamar este derecho en la educación superior. No es improbable entonces que crezca la deserción. Respecto de las consecuencias de la gratuidad en el financiamiento de las instituciones, la implementación del nuevo sistema ha exhibido claras muestras de los riesgos que se corren cuando la única fuente de ingresos es el Estado. La fórmula de traspasos de recursos el 2016 a las instituciones elegibles sentó un mal precedente. No reconoció la diversidad de costos en la formación de los estudiantes, porque ni siquiera hubo una base metodológica sólida que le diera legitimidad, nivelando los aportes en muchas de ellas hacia un umbral inferior y generando problemas de financiamiento en universidades de reconocido prestigio. Se dice que el Mineduc ha "negociado" con cada institución buscando acercar posiciones, pero sin cerrar las brechas de financiamiento. Más allá de que lo poco transparente de una negociación a puertas cerradas, aunque se llegue a "acuerdos", sin duda que forzados por las circunstancias porque hay pocos espacios para ejercer con libertad el derecho a no adscribirse a la gratuidad, flota en el ambiente la sensación de que no era el momento propicio para llevar adelante esta política pública, que puede tener consecuencias graves en el futuro en materia de autonomía y calidad académica. En suma, la espera de un fallo aumenta la incertidumbre a pocos días de que los estudiantes postulen a las universidades y algunas de estas deban decidir su participación en el nuevo modelo de gratuidad. Ha sido evidente la molestia en el Gobierno y en la Nueva Mayoría por esta postergación, pero con un poco de objetividad debieran reconocer las culpas de haber actuado con excesiva premura y con poco tiempo para reflexionar en una materia de suyo delicada. ¡Cómo se echa de menos haber tenido previamente la discusión de una ley! En todo caso, no son efectivas las declaraciones alarmistas de algunos personeros de Gobierno sobre las consecuencias de un fallo desfavorable. Los recursos disponibles para la gratuidad, que la Dipres fijó en $177 mil millones, no se perderían. Se abriría la opción para que fueran derivados a nuevas becas, ampliándose de manera significativa la cobertura de ayudas estudiantiles, restringida en la glosa a solo un puñado de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Columna publicada en El Mercurio.
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Carlos Williamson

Ingeniero Comercial UC y Master of Arts de la Universidad de Chicago, EE.UU.

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