Gratuidad: De mal en peor

El discurso del 21 de mayo trajo algunas novedades respecto de la "gratuidad universal" en educación superior. Por cierto, para quienes hemos planteado desde un comienzo que los costos de la medida serán altísimos, el anuncio de que el 2016 la "gratuidad" comenzará solo para alumnos del 60% más vulnerable matriculados en centros de formación técnica (CFT) o institutos profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro o en universidades del Consejo de Rectores no sorprende. La idea es acotar los costos. No hay otra explicación para el engendro que está concibiendo el Ministerio de Educación. Pero más allá del apuro de evacuar el anuncio, el 21 de mayo sí dejó interrogantes respecto de la implementación de la gratuidad. El detalle es clave no solo para cuantificar los costos monetarios que la iniciativa significará para el fisco, sino también para anticipar el comportamiento estratégico de alumnos, apoderados e instituciones ante el nuevo escenario que se avecina, eso que el Ministerio de Educación parece continuamente obviar. Vamos por partes. La gratuidad comenzará el año 2016, pero no queda claro si es para todos los alumnos o solo para los nuevos en las instituciones "seleccionadas" por la administración. ¿Por qué es esto relevante? Primero, porque el costo es sustancialmente mayor en el primer caso. Segundo, porque la decisión generará comportamientos estratégicos de los actuales estudiantes. Pensemos, por ejemplo, en el alumno que está hoy en su primer año y que sería "beneficiado" el próximo. ¿Qué sentido tiene seguir matriculado el segundo semestre si el 2016 podrá estudiar lo mismo, pero gratis? Así, no sería raro evidenciar un congelamiento masivo de matrículas e incluso un aumento en la fuerza de trabajo. ¿Será esto parte de un plan proempleo? Por otra parte, distintas voces se han levantado indicando que en su diseño para el 2016 la "gratuidad" es discriminatoria. Efectivamente lo es, al menos por tres razones. Primero, deja fuera a miles de alumnos de escasos recursos que estudian en instituciones a las que hasta el 2015 el Estado no discriminaba. Segundo, deja fuera instituciones de educación superior, lo que ha despertado la preocupación entre algunos rectores no "seleccionados" (el dinero llama). Tercero, en su versión 2016, "gratuidad" genera odiosas no-linealidades que tantas ineficiencias generan en el sistema. ¿Por qué al alumno hasta el 60% se le da todo gratis y al del 61% nada? ¿No merece el 61% un poco de gratuidad? ¿No hay incentivos, entonces, para hacerse pasar por 60% cuando se pertenece al 61%, 62%, etcétera? Pero no solo eso. La medida trae un fuerte aroma a regresividad, concepto que, paradójicamente, tanto preocupa a sus creadores. ¿Por qué? Pues bien, un alumno del quintil más bajo va a tener menos posibilidades de acceder a la gratuidad que uno del tercer quintil, toda vez que solo un 20% de los alumnos vulnerables estudia en una institución que hoy calificaría para ser "gratuita", mientras que para alumnos de estrato medio esa cifra es cercana al 40%. ¿Es esto justo? Y las deficiencias del diseño suman y siguen. Considere los posibles efectos que puede traer la fórmula propuesta en la forma en que se distribuyen los alumnos en las distintas carreras y universidades. No solo hay que financiar a los alumnos que hoy estudian en los planteles con derecho a gratuidad, sino que a los potenciales alumnos que llegarían a esos planteles justamente porque serán gratis. ¿Cómo absorberán estos planteles la mayor demanda? ¿Podrán ajustar sus vacantes libremente? Si es así, entonces el costo de la gratuidad sería mucho mayor. Si no, un cupo gratuito se volverá muy competitivo (entre los alumnos del 60%), y ante la innegable correlación entre puntajes PSU e ingreso familiar, tendríamos que los cupos gratuitos se llenarían proporcionalmente con más alumnos cercanos al percentil 60 que al 0, es decir, más regresiva aún. La propuesta de gratuidad para el 2016 evidencia graves falencias y complejidades de una mala idea. ¿No hubiese sido más sensato construir sobre la base de lo existente? Quizás créditos contingentes al ingreso con tasa de interés real de 0% con una ventana de plazo para el pago de 20 años. ¿No sería este un método de financiamiento más eficiente? Y, en el entendido de que al final alguien tiene que pagar por la gratuidad -¡terminemos con la falacia!-, ¿no sería esto más justo? La escasa información y el deficiente diseño de la propuesta de gratuidad amenazan con seguir generando tensiones y confusión en el sistema de educación superior. Lo cierto es que el Gobierno ha fallado en encontrar una fórmula que minimice las distorsiones de la desacertada promesa. De hecho, la advertida escasez de recursos tiene convertida la romántica idea en un continuo karma. Con la idea de gratuidad, la administración cayó en arenas movedizas y el 21 de mayo esto quedó claro: mientras con más fuerzas se trata de escapar, más rápido se hunde. Sergio Urzúa Universidad de Maryland y Clapes UC Ricardo Espinoza Universidad de Maryland Publicada en El Mercurio.