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Columnas

¿Habemus Reforma?

Está en su tramitación final el proyecto de reforma a la educación superior. Se trata de una iniciativa que lleva 19 meses en el Congreso y que no logró conjugar una visión de futuro que recogiera principios básicos bastante compartidos. Desde luego, la diversidad de propuestas formativas como una riqueza en un país que anhela libertad y pluralismo. También, destacar las virtudes del modelo de provisión público privado, sin privilegios asociados a la calidad jurídica de las instituciones.

La reforma debía contar con una mirada propositiva, perfeccionando y no reemplazando un modelo que ha sido uno de los pilares del desarrollo de Chile desde el punto de vista de la equidad y del progreso productivo. Faltó un adecuado diagnóstico de sus problemas. Es cierto que se debe frenar el oportunismo de instituciones que defraudan la fe pública. Por ello, la creación de una Superintendencia que fiscaliza el cumplimiento de la ley y que constata la viabilidad financiera de las instituciones, es un imperativo. Pero el proyecto peca de excesos. Desnaturaliza la función fiscalizadora de este organismo e invade la autonomía, cuando se inmiscuye indebidamente en las operaciones con terceros, en los requerimientos de información o establece sanciones desproporcionadas respecto a las faltas. Asimismo, trata en forma desigual a iguales en relación a las operaciones relacionadas, con restricciones especiales para algunas corporaciones de derecho privado.

En materia de acreditación, si bien es un avance modificar la Comisión de Acreditación para evitar conflictos de interés, es un retroceso que los criterios y estándares sean aprobados fuera de la propia Comisión. La Subsecretaría que se crea fortalece la gestión de los gobiernos para administrar, pero no le corresponde a este órgano político asumir “el” rol de rector del sistema, tampoco la tutela de los esquemas se admisión, ni menos tomar a su cargo la definición del marco nacional de cualificaciones de dudosa pertinencia en un sistema diverso.

En materia de financiamiento, el proyecto pone un pie forzado de previsibles y graves consecuencias. Fija el itinerario del avance hacia la gratuidad universal, meta probadamente injusta, conforme crecen los recursos fiscales, sin importar si en el futuro hay otras urgencias sociales de mayor densidad y, de paso, en la transición, somete a las instituciones adscritas a la fijación de aranceles. En ambos escenarios las instituciones enfrentarían una fuerte restricción en sus presupuestos lo que fatalmente afectará la calidad. Las no adscritas a la gratuidad no quedan mejor. Pese a tener libertad de aranceles, deben navegar en un entorno complejo porque la competencia ofrecerá estudios gratuitos.

El Senado debe revisar ahora las 615 indicaciones presentadas al proyecto. Si la idea es legislar responsablemente, no se ve cómo se puede abordar bien y en pocos días este enorme desafío.

Columna publicada en La Tercera.