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Columnas

03 Agosto 2018 | Salvador Valdés | Impuestos

Impuestos: reintegración compensada

El futuro de los empleos en Chile depende, en parte, de reordenar los impuestos. Advertimos desde 2014 que el 27% sobre la utilidad de las empresas grandes excede por mucho las tasas comparables de otros países. Aquí analizo otro aspecto que también influye sobre el atractivo de invertir en Chile y la creación de empleos de calidad: el grado de integración entre impuestos finales y corporativos.

Si bien influye menos que la tasa corporativa, también importa, porque fija la carga sobre la utilidad retirada. Hoy día, si la matriz está en un país sin tratado tributario con Chile (Estados Unidos, Alemania, Holanda, Uruguay, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, India y Turquía, entre otros) y retira dividendos desde la filial chilena, sufre la desintegración: solo se le reconoce el 65% del impuesto que ya pagó la filial. Sumando lo no integrado, esos dividendos tributan a una tasa excesiva para multinacionales.

La desintegración también grava a las pymes formales de ingresos medios que no pudieron, o no supieron, cambiarse a tiempo a uno de los regímenes atribuidos, con un incremento de 9,45 puntos porcentuales a su tasa de impuesto combinada sobre retiros. Subrayamos que, aparte de inequitativo, esto incentiva el traslado de pymes y emprendedores a la informalidad, reduciendo la calidad de sus empleos.

Por lo tanto, recuperar la reintegración total es prioritario para crecer. Aceptado lo anterior, se ven dos opciones de política con viabilidad en el Senado. La primera es mantener la desintegración heredada y crear un nuevo régimen especial para pymes, 100% integrado. Esta opción falla porque no equipara el trato a los dividendos hacia multinacionales ubicadas en países sin tratado tributario. Además, el umbral entre pyme y no pyme crearía un castigo a crecer, que es inaceptable en un país que ansía más diversificación productiva.

La segunda opción viable es la reintegración total, más un ingrediente que acomode la crítica de que ello reduciría la tasa marginal sobre quienes reciben dividendos muy altos, que es hoy 44,45% en total. El nuevo ingrediente debe cumplir tres requisitos: (a) preservar la tasa marginal de 35% para casi todos los empleados. La baja a 35% alivió la antigua discriminación entre ejecutivos y profesionales independientes. Estos últimos, aunque ganaran lo mismo, pagaban antes mucho menos (40-17=23 puntos menos) que el ejecutivo par, por medio de usar una sociedad de ahorro; (b) preservar la actual tasa marginal sobre los retiros muy altos, que es 44,45%; (c) igualdad de trato a las rentas del capital y el trabajo.

Este nuevo ingrediente es crear un nuevo tramo en el impuesto personal (global y único), con tasa de 44,45%. Propongo que el umbral para este nuevo tramo sea igual al promedio de los umbrales análogos de Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón, ajustados por paridad del poder de compra, y que sea actualizado cada tres años. Hoy, ese promedio sería 350 UTM al mes ($16,7 mills.) (Fuente: OCDE). Para personas de muy altas rentas que solo retiran una fracción de su ingreso total, los tributos con este paquete serían casi iguales a los que les impuso la reforma de 2014.

Las ventajas de esta segunda opción: un acuerdo en que la pyme dejará de moverse hacia la informalidad, y la inversión desde países sin tratado tributario con Chile dejará de emigrar. Para financiarla, al menos la mitad debe provenir de reducciones en el gasto en programas mal evaluados. Todo ello sostendrá más empleos de calidad.

Columna publicada en El Mercurio.