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De indicaciones, cocinas y salchichas legislativas

11 de agosto del 2017


“Con las leyes pasa lo mismo que con las salchichas: mejor no ver cómo se hacen”, habría dicho Otto von Bismarck, en alguna acalorada discusión del parlamento prusiano. El adagio cecinero sugiere que habría algo del proceso legislativo del cual es mejor ni siquiera enterarse, aun cuando el sabor de estos embutidos -que necesariamente convergen en normas obligatorias- no den cuenta precisamente de qué están hechos. Hace varios meses que se viene discutiendo sobre la influencia que determinadas personas o empresas habrían tenido en la dictación de ciertas normas regulatorias relevantes para sus respectivas actividades. El imaginario colectivo asume como verdad revelada que cualquier grupo que tenga intereses creados realizará todo lo que esté a su alcance para modificar una norma que pueda producirle efectos económicos adversos. Para garantía de la ciudadanía y cuidado de nuestra democracia, solo existe un ínfimo espacio para intervenciones que atenten contra las normas más básicas de probidad y transparencia en vista del estricto proceso legislativo chileno. Sin embargo, hay un área en la cual el Congreso aún puede avanzar en transparentar el proceso legislativo: se trata de las indicaciones legislativas. Ellas son las que contienen propuestas de modificación al texto debatido, las que se someten al estudio y votación de diputados y senadores, configurando un aspecto esencial de la tramitación y negociación legislativa. Parafraseando al actual presidente del Senado, Andrés Zaldívar, constituyen el elemento más relevante que utilizará el chef y sus ayudantes en la denominada “cocina” parlamentaria. ¿De dónde vienen estos ingredientes que van configurando las propuestas de modificación legal? En su gran mayoría, del ideario de los mismos parlamentarios y sus respectivos asesores. Sin embargo, la realidad nos dice que muchas veces simples ciudadanos, entidades gremiales o incluso lobbistas intentan participar del proceso legislativo enviando sus propuestas haciendo uso de su legítimo derecho de petición constitucional. ¿Importa la procedencia o la autoría intelectual de una determinada indicación? La respuesta es depende, porque las indicaciones de un proyecto tienen el poder tanto para cambiar un aspecto puntual como para transformar en buena parte la esencia de una futura ley. El Congreso y la clase política avanzarían enormemente en transparencia si es que se sincerara la autoría intelectual de cada una de las indicaciones presentadas durante la tramitación legislativa. ¿La recibió el diputado o senador de una persona natural o de alguna entidad gremial o académica y decidió patrocinarla porque estaba de acuerdo con su contenido?, ¿o simplemente viene de quienes aun teniendo un interés económico en la iniciativa proponen alternativas que permitirían perfeccionarla? Lograr que en el proceso legislativo se utilicen ingredientes cuyo origen sea conocido por todos permitirá que las injerencias indebidas de terceros se reduzcan al mínimo, posibilitando un sistema que mejore la labor y la calidad legislativa. Para que las leyes que aprueba el Congreso dejen de tener fama de oscuros embutidos debemos transparentar quiénes las están sazonando. Columna publicada en La Tercera.
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