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La Alta Dirección Pública está en riesgo

11 de julio del 2014


La Alta Dirección Pública (ADP) ha experimentado dos cambios de autoridades políticas, el 2010 y el 2014. El cierre de un ciclo de alternancia en el poder de las dos fuerzas políticas más importantes del país ha dejado un sabor amargo. Se confirmó lo que era un secreto a voces: la ADP es un buen sistema de selección y un mal modelo de desarrollo directivo para la gerencia pública. Y lo uno no funciona bien sin lo otro. Se tenía la ilusión que la reforma de 2003 fuera un nuevo paradigma del empleo público directivo. El hacer hincapié en que se trataba de cargos de ejecución de políticas públicas y no de diseño, creó el espejismo de que la alternancia de fuerzas políticas tendría impacto marginal en los nombramientos del gobierno anterior. Falsa premisa, un cambio de gobierno y de coalición da origen a despidos masivos.

El año 2010 el gobierno de centroderecha del Presidente Sebastián Piñera pidió la renuncia a 63% de los directivos de primer nivel y a un 30% de los directivos de segundo nivel, nombrados en el gobierno anterior. La nueva coalición de centroizquierda de la Presidenta Michelle Bachelet ha sido aún más impetuosa: se ha desvinculado solo en los tres primeros meses al 61% (52 desvinculaciones) y 32% (191 desvinculaciones) de los directivos de nivel I y II respectivamente, designados por el Presidente Piñera.

Pero frente a estos nubarrones en el horizonte hay luces que destacar. Contar con buen un sistema de selección en cargos de confianza se reconoce hoy como un eje fundamental para la gestión del Estado y, por otra parte, la constatación de que la ADP es un buen modelo para captar a directivos calificados ha permitido llegar a acuerdos políticos transversales para extender la selección hacia otros ámbitos. Reformas legales han permitido que actualmente haya alrededor de 250 cargos públicos no adscritos en cuya selección interviene la ADP. Se trata de jueces de tribunales tributarios y aduaneros y jueces medioambientales, directores de empresas públicas, paneles de expertos, etcétera. Más recientemente la ley amplió la cobertura de la ADP al ámbito municipal en el plano educativo, de modo que los jefes de educación de las municipalidades y los directores de todos los colegios públicos deben ser seleccionados con la participación de la ADP. Lo paradójico es que un sistema que fue creado para el gobierno central ha funcionado mejor en los cargos no adscritos: están menos sujetos a los vaivenes del juego partidista y las reminiscencias del clientelismo parecieran estar más alejadas de las redes políticas.

Por contraste, en el gobierno central la alta tasa de despidos en los cambios de gobierno, presumiblemente por razones de falta de “confianza política”, ha ocasionado que la permanencia promedio de los directivos supere apenas los dos años. Ello, sin duda, es poco tiempo para que un directivo despliegue todo el potencial de gestión cuando asume un nuevo cargo. La corta permanencia significa una pérdida de capital humano que es, sin duda, el talón de Aquiles de una buena gestión pública.

En consecuencia, perfeccionar el sistema ADP es urgente y supone ir a la raíz de las causas de la inestabilidad que conduce a despidos masivos al producirse cambios de coalición política. Los períodos presidenciales de cuatro años y la alternancia en el poder que caracteriza la realidad política nacional obligan a pensar en medidas que mitiguen los efectos de cambios de autoridades. Una propuesta, que no significa agotar otras medidas paralelas, supone actuar en los siguientes frentes:

a) Para todos los cargos ADP, en los cambios de gobierno, tener un mes de prohibición de despido y en los tres meses siguientes se puede remover solo un porcentaje de los cargos ADP por ministerio o servicio y ya a partir del quinto mes no hay restricciones. El despido se hace a través de una solicitud formal de la autoridad que nombra.

b) Se amplía este período de no despidos a un año a aquellos ADP de nivel II que al momento de asumir la nueva administración, les restan más de seis meses de su contrato y han tenido en la evaluación del Convenio de Desempeño Individual (CDI) de los tres años previos, un porcentaje de cumplimiento del 90% o más. En casos excepcionales, el consejo ADP, con quórum calificado, puede levantar esa restricción. Además, los CDI deben haberse firmado en los tiempos legales y registrados en el Servicio Civil.

c) Los ADP no pueden estar inscritos en partidos políticos.

d) Para los cargos ADP de nivel II, los directivos provisionales y transitorios (PYT) no pueden concursar. Los PYT que concursan violan el supuesto de igualdad de trato y no discriminación: tienen ventajas relativas porque ya ocupan el cargo. Además, disuaden a buenos candidatos porque se ven como “cuasi” elegidos. Así, la restricción legal elevaría el costo de los despidos y pondría un freno a las razzias de despidos con cambios de gobierno.

Tengo la convicción de que a menos que se llegue a un acuerdo político para reformar la ley sobre ADP, el sistema seguirá perdiendo credibilidad en un aspecto clave que fue la promesa al crearse el año 2003: la Alta Dirección Pública es de verdad un camino para captar talentos que tienen como proyecto de vida profesional hacer “carrera” directiva en el Estado chileno. Eso supone que la clase política acuerda despojarse del poder político partidista para imponer nombres y cargos y acepta que sea la calidad de la gestión una variable de peso, no la única por cierto, al momento de evaluar la permanencia de directivos que fueron seleccionados bajo otro régimen de gobierno.

La urgencia para actuar ha sido expuesta con vigor en una reciente carta pública por profesionales y líderes de opinión de todas las corrientes de pensamiento y es el momento de asumir responsablemente este desafío. El gobierno tiene la palabra. El proyecto de 2103 enviado al Congreso por el Presidente Piñera es una buena base para reformar la ADP y hay que actuar sin complejos: los países progresan cuando los gobiernos construyen sobre lo que hacen otros y no pretenden partir de cero.

Por Carlos Williamson, investigador Clapes UC http://www.pulso.cl/noticia/opinion/2014/07/4-46551-9-la-alta-direccion-publica-esta-en-riesgo.shtml

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Carlos Williamson

Ingeniero Comercial UC y Master of Arts de la Universidad de Chicago, EE.UU.

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