La cara oculta de la gratuidad

Con la aprobación de la reforma que instaura legalmente la gratuidad en la educación superior se cierra una larga disputa política y filosófica. En el punto de partida hubo, al menos, una coincidencia importante: la educación no es gratis; tiene costos económicos. El Gobierno enarboló la bandera del progresismo de izquierda para sostener que nadie debe pagar —ni antes ni después— por la educación que recibe, por ser ésta un derecho social, y el financiamiento debe provenir sólo de rentas del Estado, o sea de los impuestos. Y si falta la plata, qué problema, se hace una nueva reforma tributaria. Los detractores alegan que es ingenuo suponer que los recursos fiscales caen como el maná del cielo y que una eventual alza de los impuestos frena la economía y la creación de empleos. Si bien aceptan la gratuidad en la puerta de entrada para los estudiantes sin recursos para efectos de inclusión, la propuesta es ampliar las ayudas estudiantiles. Para los estudiantes vulnerables y meritorios mediante becas, y para el resto, créditos subsidiados y pagos contingentes al ingreso laboral de los egresados. Y respecto a los ricos, ellos deben pagar todo el costo de su educación; por algo son ricos. Aprobada la reforma hay una dosis no despreciable de incertidumbre en materia de financiamiento. Al "ganar" la propuesta de gratuidad que obviamente suscitó adhesión en la opinión pública, que suele tener una alta preferencia temporal por el presente, pareciera que se llegó al fin de la historia. No es así. Se vienen tiempos duros para el sistema. Nuestra educación superior exhibe logros importantes en materia de movilidad social, pero necesita invertir en calidad, o sea, en mejores docentes, en mayor investigación en laboratorios, infraestructura, etc. Lo que hace la ley es decretar que el Estado asumirá todo el costo de la educación pero no da garantías de que sea capaz de contar con el financiamiento requerido porque hay una fragilidad fiscal que no permite darse muchos gustitos en un contexto de necesidades en salud pensiones etc. Esto significa que cada año las instituciones adscritas deberán esperar el resultado del juego político presupuestario para saber cuánto recibirán por los estudiantes bajo gratuidad. Para el resto, excepto el decil de mayores ingresos, la ley coarta su libertad y básicamente congela los aranceles reales al nivel de 2017. Como tampoco hay nuevos aportes institucionales excepto para las estatales, se incuba una tormenta financiera que puede ser perfecta para privarlas de los recursos necesarios para seguir inviniendo en calidad. Así la cosas, otro legado de este gobierno es una ley que lesiona la autonomía financiera de muchas instituciones de prestigio y que, a menos que tenga modificaciones sustantivas en el futuro pondrá un freno en su desarrollo.