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Columnas

04 Diciembre 2017 | Carlos Williamson | Educación

La disputa por la gratuidad

El anuncio del ex Presidente Piñera de que avanzaría en gratuidad en la educación superior técnica profesional causó perplejidad y desató de inmediato la ira en el comando del senador Guiller. La molestia es obvia, la gratuidad es una palabra políticamente correcta en el Chile de hoy y que el rival la adopte le quita el monopolio a la izquierda y erosiona uno de sus bastiones preferidos.

Pero Piñera no ha hablado de gratuidad universal lo que hace un mar de diferencias y debiera tranquilizar a algunos personeros de derecha que arriscaron la nariz con el anuncio. Una gratuidad “acotada” y pensada como instrumento para derribar barreras económicas al acceso de grupos vulnerables, puede, sin complejos, gozar de idoneidad. Lo que la izquierda ha propuesta es otra cosa: gratuidad universal que abarca a quienes pueden costear la educación de sus hijos. Ello es injusto y solo se sostiene en la consigna ideológica de que, por ser un derecho social, la gratuidad debe ser universal. Lo falaz del argumento es que el carácter de derecho social no significa que el Estado deba por fuerza dar educación gratis a todos, en tanto los hijos de familias pudientes pueden educarse solo por el imperio de sus capacidades económicas.

La propuesta del ex Presidente se focaliza en la educación superior técnica y no olvida que el foco del financiamiento público debe ser la vulnerabilidad económica. Se dice que abarcaría solo hasta el noveno decil y que su principio matriz es garantizar que ningún joven meritorio quede excluido por dicha condición. Es cierto que las becas y los créditos, bajan las barreras, pero a veces no las derriban del todo, especialmente para los sectores de ingresos medios. Para ellos las ayudas estatales están topadas por un arancel regulado inferior al real, lo que obliga a un copago muchas veces oneroso y que puede frenar el acceso o gatillar la deserción por motivos económicos. En esos casos, extender las ayudas hasta cubrir el arancel real debe verse como una medida socialmente valiosa.

Pero el diseño debe ser cuidadoso. Primero, debe abarcar los dos años que dura la educación en los CFT y los dos primeros años en los IP. Segundo, exigencias de calidad para las instituciones que participan. Tercero, las instituciones elegibles debieran suscribir convenios con liceos técnicos de la educación media con propedeúticos que faciliten la inserción de los estudiantes que postulan a la educación superior. Cuarto, garantizar a las instituciones que se suman un traspaso de recursos idéntico al costo de la formación de sus estudiantes.

Finalmente, el avance debe darse a la velocidad que permiten los recursos fiscales. Actualmente, el universo potencial de elegibles en los CFT e IP es del orden de los 300 mil estudiantes que actualmente reciben becas y CAE por alrededor de U$ 290 millones, parte de lo cual se ahorraría al otorgar gratuidad, de modo que el incremento neto de gasto público no debiera superar los U$ 200 millones. Por lo tanto, una propuesta razonable, que estaba en el programa de la Senadora Goic, es apoyada por el Senador Ossandón y será vista con simpatía por los votantes del Frente Amplio. Se entiende entonces la irritación del oficialismo.

Columna publicada en La Segunda.