La reforma laboral en la encrucijada

Se acaban los plazos para la reforma laboral. El Gobierno ha comprometido ingresar sus indicaciones al Senado el lunes 7 de septiembre antes del mediodía. Chile se juega mucho en la tramitación de este proyecto. Está en juego si terminaremos con una institucionalidad laboral moderna, que equilibre el poder negociador de las partes y permita mejores condiciones para todos los trabajadores, un escenario adecuado para el desarrollo de las empresas -especialmente de las pymes- y condiciones laborales razonables que permitan a Chile competir en los mercados internacionales. Lamentablemente, el proyecto que hoy se tramita no cumple ninguno de estos objetivos. Más bien nos lleva en sentido contrario. Pero aún hay tiempo de corregirlo. Esas correcciones deberían estar en al menos seis puntos principales. Primero, debería permitirse el reemplazo interno en la huelga. Eliminarlo podría costarnos cerca de 100 mil empleos. Y también puede producir la desaparición de muchas empresas, como lo han advertido los representantes de las pymes y los emprendedores de Chile. Todos los países de la OCDE, con la excepción de México y España (que tiene una de las tasas de desempleo más altas del mundo), permiten el reemplazo interno durante la huelga, incluidos Finlandia, Noruega y Suecia. Ojalá que la reforma laboral no deje a nuestro país en una posición casi única en el mundo, como ya lo hizo -lamentablemente- con la reforma tributaria. Segundo, hay que definir bien los servicios mínimos. El proyecto habla ambiguamente de proteger bienes e instalaciones y de servicios mínimos relacionados con la salud y seguridad. O sea, estos consisten solamente en el cuidado de activos físicos; no es explícito ni siquiera con inventarios perecibles. Pero además el proyecto elimina otros servicios mínimos (no vinculados a la salud y la seguridad) que puedan proveerse a la empresa y a la ciudadanía. ¿O quieren hacernos creer que los problemas de un Metro en huelga se solucionan cuidando los carros y las estaciones, pero sin posibilidad de ofrecer el servicio de transporte a los usuarios? ¿Y de qué le sirve a un agricultor lechero que cuiden sus galpones si no puede ordeñar sus vacas? Este par de ejemplos debiera clarificar el punto. Por eso, es una falacia decir que los servicios mínimos sustituyen al reemplazo interno en la huelga. Eso no es verdad. Tercero, debería permitirse la extensión automática de los beneficios de la negociación colectiva a los no afiliados, sin veto sindical. En el proyecto, la extensión de estos beneficios por parte del empleador sin la anuencia del sindicato es considerada práctica antisindical. Hemos propuesto un mecanismo que elimine este veto, pero que a la vez elimine un desincentivo a la afiliación (Clapes 2015). Consiste en que los trabajadores no afiliados que se beneficien del convenio colectivo deban pagar el 100% de la cuota del sindicato, no el 75% que rige hoy. Nuestras autoridades y legisladores deben considerar que la extensión de beneficios aludida es una recomendación tanto de la OCDE como de la OIT. Más aún, en algunos países es obligatoria. ¿O será que se cita a la OCDE solo cuando conviene? Cuarto, hay que darle una salida a la huelga, cosa que el proyecto hoy no hace. Proponemos permitir una segunda votación de la huelga el día 15, con posibilidad de descuelgue para los trabajadores que no deseen continuarla y estén dispuestos a aceptar la última oferta del empleador. Una huelga sin salida solo produce daños y conflictos, tal vez irreparables. Quinto, hay que evitar el monopolio sindical forzoso. El proyecto actual establece que el único ente negociador en una empresa sea el sindicato, independiente de la representatividad que este tenga. Por eso, resulta razonable que cuando los afiliados a sindicatos sean menos del 50% de los trabajadores, puedan también participar de ese proceso los grupos negociadores. Por último, es necesario reponer la cláusula de huelga pacífica que estaba en el proyecto original enviado a la Cámara y que inexplicablemente fue rechazada en la votación de esa instancia. Y abordar igualmente el problema de las huelgas ilegales, que hoy no tienen costo alguno para quienes las promueven. El proyecto de reforma laboral en su actual estado provocaría un daño significativo al empleo, a la actividad económica -especialmente de las pymes- y a la competitividad del país. Esto es muy preocupante en una coyuntura internacional con importantes riesgos, que emanan principalmente de China. Resulta paradojal que mientras otros países enfrentados a la misma situación externa buscan preparar a sus economías para resistir mejor eventuales shocks , esta reforma laboral hace exactamente lo contrario. Con ello, compondría el daño que ya ha hecho la reforma tributaria. Los plazos se acaban, pero aún es tiempo de enmendar. http://www.elmercurio.com/blogs/2015/08/28/34722/La-reforma-laboral-en-la-encrucijada.aspx