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Columnas

Los empleos “gig” y las pensiones

En pensiones, algunos han calificado de “insuficiente” una tasa de cotización obligatoria de 14%. Aducen que parte de las bajas pensiones se explicaría porque no se aumentó la tasa de cotización mucho antes, en 2003, año en que las tasas de interés reales de largo plazo empezaron a disminuir en Chile y el mundo. Otros sugieren traspasar la facultad de ajustar este importante parámetro a una comisión técnica, cuya labor sería elevar gradualmente esta tasa a 18%. Invito a cuestionar eso.

Siempre ha habido empleos esporádicos, de corta duración, de jornada parcial, eventuales y cuenta propia, a los cuales se suman ahora los empleos “gig”, creados por las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estos empleos cotizan con menor frecuencia y en menor cuantía a la seguridad social. Una consecuencia son pensiones contributivas más bajas. En las economías emergentes el empleo informal ya era prevalente y en los países OCDE se masifican los empleos “gig”.

Las medidas recomendadas para que la seguridad social de países OCDE pueda adaptarse al empleo “gig” son: (1) reconocer las nuevas figuras “gig” en la ley con el fin de obligarlas a cotizar; (2) portabilidad total entre empleadores de los derechos a pensión; (3) limitar la tasa de cotización obligatoria al 12% de Australia y Canadá, porque un valor mayor estimula la evasión de cotizaciones (sea por medio de adoptar modalidades exentas, de unirse a la informalidad o de subcontratar más empleo “gig”); (4) migrar hacia la capitalización, pues los ingresos por rentabilidad del fondo permiten, a una tasa de cotización del orden de 12%, financiar pensiones de cuantías que el reparto maduro que prevalece en la OCDE solo logra cotizando 18% o más. Para economías emergentes se recomienda, además: (5) apurar el crecimiento económico, pues crearía empleos que sustituirían a los antiguos empleos informales, y (6) fiscalizar activamente esta obligación y reducir las exenciones.

Chile cumple cuatro de las seis recomendaciones hace décadas. Sin embargo, el resultado ha sido malo: para la población pensionada en 2017, la proporción que reunió al menos 15 años de cotización fue solo 50% para hombres y 25% para mujeres (estudio Clapes UC). Según la encuesta Casen 2017, 10% de quienes se dicen dependientes (sí, dependientes) responde que no cotizó el mes anterior. En los cuatro deciles de mayor ingreso del hogar per cápita, 220 mil dependientes declaran lo mismo (son el 7,5%). En el estrato que declara un salario mínimo, la frecuencia de cotización es tan baja que equivale a una tasa de cotización efectiva de 2%.

El peor déficit de Chile es el abandono por parte del Estado de su deber de fiscalizar la obligación de cotizar para dependientes. Tesorería y Dirección del Trabajo no la fiscalizan. Debería obligarse al Ministerio de Hacienda a presentar todos los años al Congreso un estudio que compare el beneficio fiscal inmediato de fiscalizar más, que es al menos recaudar el 7% de salud desde una masa mayor, con el costo directo en personal y software . También debería terminar la exención de cotizar para independientes con ingreso medio o alto, donde las consideraciones de pobreza no valen. Por ejemplo, obligar a cotizar a los empleadores con ventas bajo 100 mil UF (pyme), imputándoles un ingreso imponible igual al promedio de sus dependientes. Debería reconocerse a las nuevas figuras laborales “gig” y obligarlas a cotizar.

La prioridad es superar estos déficits. En cambio, aumentar la tasa de cotización a 18% estimularía una mayor prevalencia de la informalidad, antigua y nueva. El 14% es un techo, no un piso.

Columna publicada en El Mercurio.