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Columnas

Modernización del Sistema de Empresas Públicas

Una de las principales causas de la crisis de confianza que vive nuestra sociedad está en la relación de las instituciones con una ciudadanía cada día más exigente, que demanda más y mejores servicios tanto a las empresas como al Estado en su rol de regulador y proveedor de servicios públicos, por lo que es fundamental avanzar hacia una mejor gestión del Estado y de las empresas públicas.

En este contexto aparece como indispensable el fortalecimiento del Sistema de Empresas Públicas (SEP), como un actor fundamental en la consolidación de buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas de capital estatal, asegurando independencia del gobierno de turno, asimilando condiciones equitativas que faciliten la competencia de empresas privadas y contribuyendo a eliminar los eventuales conflictos que se puedan generar por el rol del Estado como regulador y dueño de estas empresas.

La modernización del SEP debería apuntar a proporcionar una adecuada institucionalidad a este organismo y un marco legal orientado hacia la necesidad de entregar coherencia regulatoria a un conjunto de empresas que se rigen por normas propias de la ley que les dio origen y que fija diversos criterios para la definición de temas esenciales en su gobierno corpotarivo, lo que hace prácticamente imposible evaluarlas de forma transversal. El énfasis debería estar en temas como la transparencia y uniformidad en la entrega y acceso a la información, así como también en la evaluación de gestión y el cumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo, más aun considerando que las relaciones entre las empresas públicas y la sociedad tienen un énfasis especial, puesto que está en su esencia cumplir con un fin público, definiendo sus prioridades en función de satisfacer el interés social y asegurar eficiencia en el desarrollo de su giro.

El SEP debiese agrupar a parte importante de las empresas públicas, sometiéndolas a la supervigilancia regulatoria de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo lineamientos comúnes que fijen criterios de gobernanza que otorguen total garantía de independencia y separación de los distintos roles del Estado, contemplando adecuados mecanismos de control de gestión, planificación estratégica y financiera, además de elevados estándares de responsabilidad de sus directores.

El 2013, durante el primer gobierno del presidente Piñera, se presentó un proyecto de ley que apuntaba justamente en este sentido y que proponía transformar el actual SEP en el Consejo Superior de Empresas Públicas y que se estructuraba como un servicio público descentralizado, sometido a una regulación prácticamente equivalente a la de una Sociedad Anónima Abierta. Se buscaba generar mayor independencia en la composición del Consejo, el que incluiría miembros independientes que serían designados con aprobación del Senado, sobre la base de una propuesta formulada por el presidente de la República y otros tantos designados a partir de una terna presentada para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. Lamentablemente este proyecto no prosperó y a la fecha solo es destacable como avance en esta materia la Ley N° 20.955, que por medio de la incorporación de un artículo transitorio, perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Si bien se ha avanzado con algunas medidas concretas en cuanto a resguardar la independencia del directorio respecto del gobierno de turno, tanto en el nombramiento de directores, como en la gestión, aún queda mucho por hacer en esta materia para asegurar directorios que reflejen diversidad, conocimientos técnicos, experiencia, compromiso con el interés social y calidad en la práctica de la gestión empresarial.

Las empresas públicas deben demostrar que están comprometidas con la eficiencia y esto debe ser medible por medios verificables y evaluables de modo independiente y en caso de incumplimiento, asumir los costos de esta responsabilidad tanto en lo económico como en su aspiración reputacional, asociada a un comportamiento corporativo ligado a variables de reputación corporativa como la innovación, responsabilidad social, reputación interna, calidad de la oferta comercial y resultados económicos-financieros, entre otros.

El poeta romano Juvenal señaló que “la integridad del hombre se mide solo por su conducta”, de la misma manera podríamos decir que la reputación de la empresa se mide por su comportamiento, y este comportamiento es determinado en gran medida por la integridad de los gestores, más aún tratándose de empresas que tienen una función pública y cuya reputación afecta directamente al Estado. La nueva racionalidad corporativa -aplicable tanto a empresas privadas como públicas- exige armonizar la eficiencia y la lógica financiera con la ética y la sostenibilidad para contribuir a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Columna publicada en La Tercera.