Mujeres y violencia intrafamiliar: tarea de todos

La violencia intrafamiliar en contra de la mujer es un fenómeno transversal. A nivel global, aproximadamente un tercio de las mujeres que han estado en una relación han sufrido agresión física por parte de su compañero, y en torno a un 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su actual o ex pareja. Y quienes sobreviven a las agresiones no solo cargan con secuelas físicas, sino que también psicológicas (OMS, 2013). Nuestro país no está ajeno a esta realidad. En 2017 se registraron 44 femicidios consumados y 115 femicidios frustrados, y en el transcurso del presente año estas cifras ascienden a 8 y 51 casos respectivamente. Además, 9 de cada 10 mujeres que padecen depresión reconocen haber sido víctimas de violencia intrafamiliar (Arcos et. al, 2006). El sector privado puede desempeñar un rol complementario al del Estado en la reducción de la violencia intrafamiliar. Es en las empresas donde las mujeres que forman parte del mercado laboral pasan la mayor parte de su jornada y, en consecuencia, el establecimiento de redes de apoyo y protección por parte de estas organizaciones (por medio de la contratación de psicólogos, abogados, etc.) puede ser útil. Cabe notar que a las empresas también les puede beneficiar la realización este tipo de gastos, pues la violencia merma la productividad y eleva los índices de ausentismo. En este sentido, para el caso chileno se ha estimado que las pérdidas de productividad generadas por la violencia intrafamiliar en contra de la mujer equivalen a 2% del PIB (Morrison y Orlando, 1999), en línea con lo encontrado en otros países. Por lo tanto, si bien la violencia intrafamiliar es un problema que atañe a la sociedad en su conjunto, el beneficio privado para los empresarios que decidan tomar medidas al respecto puede ser considerable. Al parecer así lo han entendido en naciones desarrolladas como EE.UU., país en el cual se observan con cada vez mayor frecuencia protocolos formales por parte de las empresas para prevenir la violencia intrafamiliar, estando éstos presentes en un 35% de las empresas en la actualidad (Society for Human Resource Management, 2013). El Estado, por su parte, debe continuar con la implementación de políticas públicas orientadas a promover la participación laboral femenina -la cual continúa siendo baja respecto a estándares internacionales-, ya que la evidencia sugiere que la incidencia de la violencia es menor a medida que aumenta la independencia económica. Asimismo, las mujeres que opten por ser trabajadoras dependientes tendrán acceso a eventuales medidas de protección que puedan implementar sus futuros empleadores. La violencia intrafamiliar debiera reducirse si las medidas descritas se complementan con una educación que fomente con mayor ahínco el respeto hacia la dignidad de los demás. La complejidad del desafío requiere que todos pongamos de nuestra parte. Columna publicada en La Tercera.