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Columnas

Niños primero: ¿Son prioridad?

Sebastián Piñera ha dicho que el sello de su gobierno en educación será “poner a los niños primeros en la fila”. Esto supone elevar la cobertura de acceso a jardines infantiles de niños entre 0 y 3 años, actualmente de 56%, muy alejada del promedio de la OCDE de un 78%. (OCDE, 2017).

El crecimiento en la cobertura es un medio para que niños que nacen en ambientes vulnerables desarrollen un conjunto de habilidades cognitivas y socioemocionales requeridas para un mejor aprendizaje en la escuela. Para lograr este objetivo, es un imperativo desarrollar buenas prácticas pedagógicas de las educadoras de párvulos. Esto requiere poner en marcha un proceso integral de aseguramiento de la calidad respecto a programas y formación docente en universidades y de acreditación de competencias de oferentes, que hoy no existe. Además, por razones culturales o económicas, un porcentaje no despreciable de niños se quedan en sus casas y no van a jardines. Crear programas remediales de apoyo directamente en los hogares, como existe en los EE.UU., es otro modo de “ponerles patines” a ellos y evitar que queden rezagados frente al resto.

Pero los buenos deseos del gobierno de Piñera de “poner a los niños primero”, supone que el Estado y la sociedad civil cooperan en el financiamiento. Desde el punto de vista del financiamiento público la tarea no se ve sencilla. Según un reciente informe de la OCDE (Reviews of Natural Policies for Education in Chile, OCDE 2017), nuestro país exhibe la más baja tasa de gasto por alumno entre seis y 15 años entre los países OCDE. Alertaba sobre la inconveniencia de seguir avanzando hacia la gratuidad universal en la educación superior porque es en la educación inicial de niños vulnerables donde Chile debe invertir y no en los estudiantes de mayores ingresos de la educación superior que no lo necesitan. Agregaba, además, que Chile debe asegurar que la gratuidad se expanda de un modo sustentable. Si crea brechas deficitarias entre las instituciones que se adscriben porque los recursos públicos no alcanzan a cubrir los gastos académicos, algo que está sucediendo, o si para controlar los costos se ponen límites al número de alumnos que pueden ingresar a la gratuidad, se deteriora la posición financiera de las instituciones y se afecta la calidad. Y si producto de una gratuidad que solo llega a algunas de las instituciones, se segrega a los estudiantes y los de menores recursos quedan en las instituciones de menor calidad, también se incumple el objetivo de equidad.

Demás está decir que nada de las advertencias del informe de la OCDE fueron recogidas por el actual gobierno en la tramitación acelerada de la ley sobre educación superior y, en consecuencia, en un entorno presupuestario frágil, no se ve fácil priorizar una educación inicial gratuita y de calidad, si la gratuidad en la educación superior quedó por ley adelante en la fila por recursos de la caja fiscal. Es parte del legado.

Columna publicada en La Tercera.