Nuevas falacias en pensiones

Se está conociendo la propuesta sobre pensiones que hará el Gobierno respecto de la oportunidad y destino de la enorme cotización adicional que gravaría a los empleos con seguridad social, de 5%. Destacan dos elementos: Primero, en vez de elevar la cotización de modo gradual a lo largo de 10 años -es decir, a un ritmo de 0,5 puntos porcentuales por año, como ha sido la recomendación transversal-, subiría en dos puntos el primer año. Ello, con el fin de que los nuevos subsidios financiados con esto ocurran de inmediato. Pero en el debilitado mercado laboral de hoy, eso crearía un desequilibrio serio. Es decir, en el corto plazo aumentará el desempleo, como ocurrió en 1998-2004. También en el largo plazo la magnitud de ese aumento de impuestos y gastos sería excesiva, pues destruye más empleos de calidad que en la alternativa y malgasta muchos recursos. Segundo, propone destinar unos tres puntos porcentuales a un nuevo sistema de ahorro y seguro para la vejez. Su modalidad de gestión financiera sería diferente de las AFP. El Gobierno estaría dudando entre dos opciones: (a) un nuevo organismo estatal, creado para ello; o (b) licitar la gestión financiera entre prestadores privados, como ocurre con parte de los fondos soberanos. La opción (a) obliga a recordar cómo es en Chile la gestión de muchos organismos estatales. La pésima gestión de la Dirección de Previsión de Carabineros -cálculo de beneficios, control del horario de los médicos- ha permitido capturas parciales por grupos dispuestos al fraude, apoyados en sus contactos con partidos de gobierno. Destaca la ex esposa del hasta hace poco presidente de la Cámara de Diputados, líder del Partido Socialista chileno, que consiguió una pensión por $5,2 millones que no merecía. Respecto del servicio administrativo, recordemos las huelgas del Registro Civil, que dejaron a cientos de miles de chilenos sin servicio durante 39 días y luego aplicó un descuento de solo cuatro días de sueldo, porque el subsecretario no se atrevió a documentar las ausencias. Un 3% del sueldo entregado a organismos de esa estatura debe darse por perdido. La opción (b) también es mala. Por ejemplo, apenas la jefatura del Ministerio de Hacienda pasó a Alberto Arenas, despidió a un miembro del comité de expertos que asesora la gestión de los fondos soberanos solo porque rechazó usar dichos fondos para capitalizar Codelco (un proyecto de altísimo riesgo y muy ilíquido). Los gestores privados que se adjudican la gestión de bloques lo hacen con contratos a no más de tres años plazo. Así, el próximo ministro los puede cambiar por gestores de peor nivel, con contactos políticos. La probabilidad de que alguno de los próximos 15 ministros de Hacienda sea un nuevo Arenas es casi 100%. Porque Hacienda también es un ministerio político, la gestión que Hacienda puede dar a los fondos soberanos será siempre débil. Imaginemos una opción (c): crear un organismo constitucionalmente autónomo del Ejecutivo, como el Banco Central o la Contraloría. Desde luego, sería indispensable establecer que si el desempeño financiero resulta inferior al logrado por las compañías de seguros de vida, o por los fondos de pensiones gestionados por las AFP, debe renunciar el directorio de ese organismo. Pero la rentabilidad mínima relativa y esa sanción ya existen en el sistema de AFP. La gestión financiera privada bajo fuerte supervisión del Estado ha sido exitosa en la experiencia comparada. Sería engañar al electorado que este Congreso, que va de salida, legisle mal durante la campaña electoral de 2017 solo para ganar votos, dejando el garrotazo al empleo de calidad para 2018. Columna publicada en El Mercurio.