Pensiones: Solidaridad intergeneracional

Un tema clave en la actual reforma previsional es crear un seguro mutuo entre generaciones, que inicialmente apoyaría a la actual generación de mayores, pero que operaría de modo continuo hacia el futuro, cobrando más a las más afortunadas y viceversa. La expresión inmediata de este seguro son aquellos subsidios nuevos que elevarían al instante el bienestar de muchos de quienes ya son mayores hoy y de quienes lo serán en las próximas dos décadas. Algunos quieren financiar estos subsidios nuevos con un tributo a los empleos con seguridad social. Quieren que este nuevo tributo vaya a un presupuesto separado del tesoro público, gobernado discrecionalmente por un Consejo de Ahorro Colectivo (CAC) designado por el Senado, cuya misión sería operar un seguro mutuo entre generaciones. La propuesta del Gobierno es financiar los nuevos subsidios con perfeccionamientos futuros de tributos y gastos y con ajustes a la senda de la deuda pública, neta de activos públicos, como son los Fondos Soberanos y Codelco, entre otros. Esa segunda vía permite un seguro mutuo entre generaciones de mayor calidad que el CAC con su tributo al empleo formal. Provee más solidaridad intergeneracional porque permite tomar en cuenta cambios en todos los tributos y en el resto del gasto público al momento de ajustar los subsidios, pues la autoridad de los legisladores se extiende a esos temas. Por ejemplo, el Estado puede ampliar un impuesto verde con la ventaja de proteger el medio ambiente, además de recaudar, permitiendo esto último omitir crear un tributo a los empleos formales, lo cual evitaría pérdidas de empleo formal y su traslado al informal. Un CAC jamás tendrá autoridad sobre instrumentos no previsionales. El Estado también tiene otras políticas intergeneracionales, como las de infancia, educación, medio ambiente, ciudad y salud. Debido a que su impacto en el bienestar global relativo de las distintas generaciones es comparable o mayor que el impacto de las pensiones de vejez, la mirada intersectorial de los legisladores es indispensable para lograr real solidaridad intergeneracional. En cambio, eventuales presupuestos sectoriales separados, cada uno gobernado por su CAC, crearían redistribuciones cruzadas, duplicadas y hasta injustas. Además, el fisco está en posición de lograr más equidad intrageneracional —es decir, contemporánea— que un CAC, pues gobierna los tributos progresivos (a la renta del capital, a las rentas del trabajo del 20% más rico y el royalty a la gran minería del cobre) y maneja todos los programas progresivos de gasto. La crítica de que la frecuencia anual de la ley de presupuestos daría ventaja al populismo de corto plazo está mitigada en Chile, porque nuestra ley obliga al Ejecutivo a presentar cada año un presupuesto multianual y proyecciones de largo plazo. Ellas poseen un lugar central en el debate. Con el fin de elevar aún más la calidad del seguro mutuo entre generaciones operado por medio del fisco, se recomienda fortalecer la información referida a esto, que se entrega al Congreso en cada proceso presupuestario. Propongo sumar al D.L. de Administración Financiera del Estado una obligación al Ejecutivo de reportar al Congreso una proyección actualizada de las transferencias fiscales (a costo) entre generaciones contenidas en las leyes vigentes, con un horizonte suficiente para contener las fluctuaciones demográficas, digamos 100 años. Un debate mejor informado en la perspectiva intergeneracional mejorará esa solidaridad no solo en pensiones ahora, sino también en futuras contingencias y en otros ítems diferentes de pensiones. Columna publicada por el El Mercurio