Pensiones: tasas versus fiscalización

El reciente proyecto de ley de pensiones propone, para subir las jubilaciones del futuro (de 2040 en adelante), elevar la tasa de cotización obligatoria desde 10 a 14%. Dado el actual esfuerzo del Estado en fiscalizar esta obligación, esta cifra está en el límite máximo de lo prudente. En Chile, sólo el 60% de los ocupados cotiza en un mes determinado, pero algunos omiten declarar parte de su ingreso laboral. En esta década, 14% de las cotizaciones ha sido por menos del salario mínimo: en ellas se declaró el 52% de dicho salario, en promedio. La masa salarial imponible declarada es sólo 26% del PIB, siendo que el ingreso laboral agregado es cercano a 55% del PIB. Comparando, la tasa de cotización efectiva sin reforma es 4,7% del ingreso laboral real. Para la pyme, donde está cerca del 70% del empleo en Chile, cotizar para el conjunto de las ramas de la seguridad social ha significado una carga combinada de 22% y se pretende elevarla a cerca de 27%. Aunque los empleadores pyme intentan traspasar ese mayor costo a menor crecimiento de las remuneraciones, la experiencia y la evidencia empírica muestran que lo logran menos a medida que su segmento laboral es más masivo. Esos trabajadores casi no valoran cotizaciones para vejez que son totalmente ilíquidas y que tienen menor rentabilidad promedio (aunque menor riesgo) que las inversiones productivas a su alcance, como herramientas, inventarios para el pequeño comercio, ampliaciones de vivienda y educación superior para sus hijos. Por eso, muchos trabajadores del segmento masivo escapan hacia el empleo por cuenta propia y hacia el trabajo en el hogar. Muchas pymes aumentan su grado de informalidad. Esos segmentos cotizan menos, no más, cuando sube la tasa de cotización. ¿Cómo es posible que en la OCDE la tasa de cotización para vejez supere 18% y en Italia sea 33%? Porque allí el Estado hace grandes esfuerzos de fiscalización. En España, para hombres nacidos en 1920, que a los 65 años superaron los 15 años de cotización, el número promedio de años contribuidos fue 37,87 para quienes alcanzaron hasta educación primaria y de 38,17 años para quienes alcanzaron educación superior. El Estado español se esfuerza en fiscalizar a casi todos los segmentos de ingreso y niveles educativos. Ese esfuerzo uniformador podría explicarse, a su vez, en un contexto de reparto donde, además, los beneficios agregados superan a las contribuciones agregadas, como un medio para reducir el déficit fiscal. En Chile, el Estado nunca ha fiscalizado intensamente la obligación de cotizar, excepto en grandes empleadores. No es casualidad. Todos los sectores políticos han preferido no destinar recursos a la fiscalización, posiblemente para no incomodar a sus electores. Mientras eso no cambie, elevar la tasa de cotización se acerca a un ejercicio de realismo mágico. Sólo opera en los empleadores grandes, donde no laboran quienes tendrán las pensiones más bajas. La solución es conocida: un acuerdo nacional para fiscalizar de verdad. Columna publicada en el Diario Financiero.