Qué oculta el paso a pensiones de reparto

Un amigo que promueve la propuesta B de la Comisión de Pensiones afirma que, de aplicarse, no sufrirá el fraude visto en las pensiones de Gendarmería. Sin embargo, la propuesta B ha ocultado sus verdaderos efectos, que justifican rechazarla, aún en el caso de que su gestión fuera honesta. El gobierno de Suecia proyectó sus pensiones de reparto y de capitalización (existen ambas) hasta el 2060, para ver el efecto sobre los jóvenes: estima retornos de 1,8% y 3,45% real anual, respectivamente (Orange Report 2013, p. 20 y 61). La diferencia, acumulada por 60 años, reduce la pensión en 43% cuando un mismo aporte va al sistema de reparto, en vez de ir al de capitalización. La propuesta B desvía la mitad del flujo de cotizaciones de propiedad de los trabajadores hacia otros usos en una fase inicial, y hacia pensiones de reparto después. Eso reducirá los fondos de pensiones agregados a la mitad de lo que hubieran sido, dentro de cuatro décadas. En esa situación, las grandes empresas y el fisco cambiarían un poco su financiamiento hacia otras fuentes (ya lo hacen, a costo similar), pero el menor retorno acreditado en las cuentas individuales de la propuesta B reduciría las pensiones de reparto en cerca de 43% para una misma cotización, si estuviéramos en Suecia. Como estamos en Chile, la reducción será mayor, pues nuestra demografía y mejoramiento de productividad son menos favorables que en Suecia. Así, si Chile migrara hacia el reparto, como en la propuesta B, gravaría de modo feroz las pensiones de muchos actuales trabajadores activos, y de los actuales jóvenes y niños, quienes son más pobres que la actual tercera edad. También los incentivaría a preferir empleos sin seguridad social y a subdeclarar el ingreso imponible. La proyección de recursos de quienes promovieron la propuesta B supone que las cotizaciones desviadas no serán gastadas de inmediato en satisfacer las demandas por salud, seguridad, educación y pensiones, como resultado de la competencia política. En vez, imagina que serán ahorradas en un fondo soberano enorme, por 30% del PIB. Eso no es realista, como han comprobado Alemania, Japón y EE.UU. y como explica el análisis de Browning (1975). Cuando concluya la fase de erosión del actual fondo agregado de pensiones, en cuatro décadas, y en ausencia de ese fondo soberano irreal, el nuevo plan de reparto sufrirá un fuerte déficit, que obligará a reducir pensiones o elevar impuestos en gran escala, repitiendo lo sufrido entre 1960 y 1979 por el sistema antiguo. Quienes presentaron la propuesta B ocultaron esto. Se negaron a proyectar más de 35 años, en vez de hacerlo por 75 años, como es el estándar en México, Estados Unidos y muchos países OCDE. El plazo de 35 años oculta el término de la fase de erosión del actual fondo agregado de pensiones, y su negativa interacción con nuestra demografía. El Informe de la Comisión de Pensiones tampoco explica ninguno de estos dilemas. Es un abuso ocultar estos procesos, y presentar a la opinión pública un paso a reparto como si la fase de erosión de los fondos de pensiones no fuera a terminar nunca. Este abuso impide una deliberación democrática transparente en el presente, y amenaza al electorado con una nueva ronda de promesas falsas y populistas. Carta publicada en El Mercurio: http://goo.gl/hPJl7t