Receptividad en la Alta Dirección Pública

En vísperas de un nuevo gobierno, es oportuno recordar conceptos respecto del reemplazo de los altos directivos. En las democracias representativas, el interés de la ciudadanía -o de la clase media amplia- está en que se cuiden dos bienes de modo coordinado. Por una parte, desea que los altos directivos sean receptivos a la elección que ella misma hizo en los comicios, donde favoreció un programa y una coalición política determinada por sobre las alternativas (OCDE 2011). Este objetivo exige que los altos directivos ofrezcan su lealtad a autoridades cambiantes, con imparcialidad, dentro de la ley y de modo creíble para las nuevas autoridades. La receptividad falla cuando un alto directivo prioriza una agenda de terceros distintos de sus actuales autoridades. Por ejemplo, falla cuando oculta a las nuevas autoridades actos de las anteriores. También falla cuando filtra a sus antiguas autoridades o a un medio de comunicación alguna deliberación privada de las nuevas autoridades. Por otra parte, la ciudadanía desea obtener prestaciones de modo eficiente. Una consecuencia es la necesidad de recuperar la inversión del Estado en seleccionar directivos y en tolerar su tiempo de aprendizaje en su nueva función. Recuperar estas inversiones requiere una permanencia promedio suficiente. Otra es evitar que los altos directivos dirijan recursos del Estado (dinero y potestades) hacia ayudar a fortalecer candidaturas futuras de terceras personas a cargos de elección popular. Claro, de nada sirve a la ciudadanía que aumente la permanencia promedio de directivos no receptivos o incluso desleales. Estos pueden haber sido apernados al puesto por medio de legislación que limita el despido, aprobada por una mayoría parlamentaria circunstancial a la cual eran leales. También pueden haber llegado al puesto vía "concursos" de baja rivalidad, ineficaces en bloquear la selección por amiguismos y nepotismos, en vez de por mérito. Respecto de un directivo de alta cercanía al gobierno saliente, no es creíble que sea receptivo al gobierno entrante. Por eso tendrá menor permanencia proyectada, lo cual empeora ambos atributos a la vez: menos receptividad y menos permanencia. El desafío es aumentar a la vez la receptividad y la permanencia promedio. Así lo propuso el primer gobierno de Sebastián Piñera en su proyecto de ley de septiembre de 2013 para perfeccionar la gestión del sector público (Mensaje 162-361). Algunas medidas con ese fin son: (a) En la selección de directivos, los comités de selección deben valorizar y pronosticar de modo explícito la flexibilidad de cada candidato para implementar con imparcialidad los cambios de políticas públicas que puedan disponerse durante distintos períodos presidenciales futuros; y (b) Permitir al superior un despido anticipado de un alto directivo por motivo de receptividad insuficiente, permitiendo a la vez al Consejo de la Alta Dirección Pública reubicar al directivo en ternas para otros puestos directivos, donde presente mayor receptividad de modo creíble. Para que el Congreso apruebe algo así se requiere una transición lejana. La primera aplicación debería ocurrir en la próxima renovación de los directivos de los gobiernos regionales. Después seguiría en la ADP del Ejecutivo central de modo diferenciado entre puestos, por ejemplo cuando se cumplan 15 años desde el primer nombramiento ADP en ese puesto. Columna publicada en El Mercurio.