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Columnas

Para recuperar la confianza fiscal

Por más de 30 años Chile trabajó duro para ganarse una reputación mundial de seriedad en su manejo fiscal. Entre 1990 y 2013 tuvimos un superávit promedio de 1,4% del PIB. Y a pesar del terremoto, el superávit fiscal medio 2010-2013 fue 0,2% del PIB. Dicho esfuerzo dio dividendos. En 1992 fuimos el primer país latinoamericano en obtener categoría de grado de inversión. En 2010, Standard and Poor’s subió la clasificación de Chile a AA-, nivel nunca antes alcanzado por un país emergente. Entre 2010 y 2013, Chile mejoró su clasificación de riesgo todos los años por alguna de las principales clasificadoras (S&P, Moody´s, Fitch y DBRS).

Estos logros requirieron un gran esfuerzo de todos los chilenos y un compromiso irrestricto de gobiernos de distintos signos políticos. Transformar a Chile en un país serio y confiable para los mercados internacionales fue tarea de todos. Los beneficios obtenidos bien valieron la pena. Chile pasó de ser un país sin acceso al financiamiento internacional en 1989 al país con menor costo de financiamiento entre todos los emergentes: en 2012 Chile emitió el bono soberano con la menor tasa y menor spread que había conseguido nunca antes un emisor emergente, condiciones que hasta hoy no han sido superadas. Gracias a ello, las empresas chilenas pudieron financiar su expansión dentro de Chile en los 90 y luego su incursión en el extranjero en la década del 2000. También gracias a ello las tasas de interés internas bajaron significativamente. En los 90 una familia chilena debía pagar tasas en UF superiores a 10% al año para adquirir una vivienda, mientras que hoy dichas tasas apenas superan el 3%.

Desafortunadamente, el actual gobierno rompió con esta tradición de más de 30 años y ha conducido las finanzas públicas en forma laxa y poco cuidadosa. El gasto público creció a más de tres veces el PIB durante 2014 y 2015. La actual autoridad económica, consciente del descalabro generado, ha hecho un esfuerzo que valoramos por reducir la irresponsable expansión del gasto fiscal. Sin embargo, su éxito fue solo relativo. En 2016 y 2017 el gasto público promedio se expandirá a cerca de 2,5 veces el PIB. Así, el déficit fiscal promedio de este gobierno será 2,5% del PIB y la deuda pública se habrá expandido a fines de 2017 en más de US$ 30 mil millones y más de 12 puntos porcentuales del PIB.

Al anunciar la reforma tributaria, este gobierno se comprometió a que un tercio de lo recaudado iría a eliminar el déficit fiscal estructural (de largo plazo). Pero la realidad es otra. Este gobierno recibió un déficit estructural de sólo 0,5% del PIB y lo entregará en torno a 1,5% del PIB. Así, no sólo incumplió la promesa hecha a los chilenos en 2014, sino que va a entregar un país mucho más endeudado y con un déficit fiscal de largo plazo que triplica el que recibió.

Seamos claros: el deterioro fiscal del gobierno de la Nueva Mayoría se debe solo en parte a la caída del precio del cobre; gran parte viene de la sobreexpansión del gasto y el frenazo económico que ha dañado severamente la recaudación fiscal. Como consecuencia, los analistas internacionales se preguntan si Chile seguirá siendo a futuro el país ejemplo de responsabilidad fiscal. Las tres principales clasificadoras de riesgo internacionales nos han puesto en revisión para reducir nuestra clasificación de riesgo país. El prestigioso Instituto de Finanzas Internacionales da por hecho la reducción en la nota para la deuda chilena. Y los mercados ya han internalizado la mayor debilidad fiscal de nuestro país. Si bien los premios exigidos a los bonos emergentes (spreads) han caído para todos los países, los exigidos a Chile han caído menos que otros comparables. Como consecuencia de lo anterior, Chile ya se transa hoy como si fuese un país clasificado en categoría A en vez de la categoría AA- que le tiene asignado S&P.

En 2001, Chile dio una señal importante de compromiso con la responsabilidad fiscal, al implementar la regla estructural. Pero los sucesivos cambios de interpretación en su cálculo, unidos al incumplimiento de la palabra empeñada por el actual gobierno de reducir el déficit estructural, han dañado dicha credibilidad. Por lo mismo, se hacen necesarios nuevos compromisos de seriedad para reforzar la credibilidad de nuestro país en el manejo fiscal.
Proponemos fijar un límite legal máximo de 35% a la relación de deuda pública bruta a PIB. Si por razón fundada se requiriera superar dicho límite, el gobierno debería pedir autorización al Congreso y fijar un calendario de cómo planea retornar a él. Esta nueva regla permitiría dar garantías a las clasificadoras de riesgo internacionales y a los mercados financieros del firme compromiso de Chile con la responsabilidad fiscal. El guarismo propuesto es consistente con la mantención de la clasificación de riesgo soberana actual. Así, tanto las empresas como las familias chilenas podrían seguir gozando de los beneficios de trabajar y vivir en un país fiscalmente responsable.

Columna escrita junto a José Ramón Valente, y publicada en La Tercera.