La promulgación de la ley que perfecciona el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) constituye un hito importante para el empleo directivo en la administración central chilena. La ADP, creada en 2003, puso freno a los "operadores políticos" al establecer un filtro de mérito para ocupar cargos públicos y exigir que los postulantes participaran en concursos abiertos y competitivos, sin discriminaciones de ningún orden, siendo el mérito profesional el factor primordial de selección. Por supuesto, la ADP estableció también que dichos cargos eran de confianza de la autoridad política, lo que exigía lealtad y, desde luego, sintonía con las estrategias y políticas de los gobiernos democráticamente elegidos.
Con todo, es bueno recordar la historia legislativa de esta reforma, que tuvo frustrados intentos previos y arroja lecciones útiles sobre el contexto en que ocurren las negociaciones políticas en el aparato público chileno.
La ADP tuvo un pecado de origen que se develó con las masivas solicitudes de renuncia toda vez que asumía un nuevo gobierno. En efecto, se constató que prevalecía en exceso la confianza "política" por sobre el mérito, de forma tal que un directivo público elegido por otro Presidente, aunque tuviera los méritos y expresara lealtad a la administración entrante, tenía una alta probabilidad de ser desvinculado. De hecho, desde el año 2003, la duración promedio de un directivo en un cargo ADP no ha sido superior a los dos años, lo que es muy poco tiempo para motivar a buenos candidatos a participar en concursos con tan corto horizonte laboral. Es evidente que esto constituye una amenaza para la viabilidad futura del sistema.
Eso se sabía hace muchos años. ¿Por qué entonces la tardanza en aprobar una reforma?
Es bueno recordar. A fines de 2010, senadores de la Concertación y de la Alianza por Chile firmaron una carta de compromiso con el gobierno del Presidente Piñera para el envío de un proyecto de ley de perfeccionamiento de la ADP. Así, a fines de 2011 el gobierno cumplió su promesa enviando un proyecto muy similar al aprobado esta semana desde el punto de vista de dar mayor estabilidad a los cargos, agilizar los tiempos de los concursos y dotar de mayores atribuciones al Consejo de ADP y al Servicio Civil. La comisión de Hacienda de la Cámara había aprobado por unanimidad prácticamente todo el articulado. Pero cuando fue a la sala para votarse la idea de legislar, los diputados de la Concertación desconocieron el acuerdo, incluidos los miembros de la comisión que previamente habían entregado su apoyo. Además, el rechazo impidió que ingresara otro proyecto antes de un año. Aun así, el gobierno envió un nuevo proyecto en 2013, que finalmente no se pudo tramitar al constatarse que no estaban los votos necesarios para aprobarlo, en medida importante porque la Concertación ya migraba hacia la Nueva Mayoría, con una alta probabilidad de ser nuevamente gobierno. ¿Para qué apurar la aprobación de un proyecto que pondría cortapisas al futuro gobierno para los despidos?
En consecuencia, esta reforma tuvo varias instancias malogradas de tramitación. Pero esto es parte de la historia y lo importante ahora es que la promulgación de esta ley constituye una buena noticia para el país. Lo principal es que se eliminan los directivos provisionales que ocupan transitoriamente las vacantes mientras se realiza el concurso, pero que pueden concursar y gozan de evidentes ventajas sobre otros candidatos en una competencia claramente desleal. La ausencia de esta figura jurídica obligará a la nueva autoridad a actuar sin prisas y evaluar a los titulares vigentes antes de despedir. Se espera que esto dé mayor estabilidad al empleo directivo. Se agregan además nuevos cargos, elevándose a 125 los servicios adscritos y a 1.089 los cargos ADP, y se institucionalizan nuevos procedimientos para mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos de selección.
Entre las tareas pendientes está la extensión de la ADP al ámbito municipal. Hoy está presente solo para la selección de los cargos de jefes de educación municipal, y con La ley de Calidad y Equidad que se aprobara en el gobierno anterior se están seleccionando por ADP, por concurso abierto y por antecedentes de mérito los cerca de 4.000 directores de colegios públicos.
Por último, está pendiente una vasta reforma al empleo público en el marco del estatuto administrativo, que facilite la gestión de los directivos ADP y mejore las condiciones contractuales de los funcionarios. Es preciso avanzar hacia un nuevo modelo contractual que permita mejorar los procesos de selección y que condicione la promoción a una calificación objetiva de los méritos de los funcionarios. Esto deberá ser abordado desde una perspectiva país y no desde la trinchera de una coalición política.
Columna publicada en
El Mercurio.