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Columnas

Salvar la Reforma

La reforma a la educación superior se ha convertido en un verdadero incordio legislativo. No obstante existir un alto consenso sobre la idea de legislar, es una reforma “molestosa” que no deja contento a nadie. Si bien crea instancias reguladoras para afianzar el resguardo de la fe pública, deja espacios abiertos para que los órganos de administración y fiscalización del Estado invadan la autonomía de las instituciones o discriminen entre ellas, no en base a la calidad. La Subsecretaría, un órgano administrativo, asume roles políticos y la Superintendencia sobre regula en materia de fiscalización del cumplimiento de la ley. El siempre polémico Consejo de Rectores queda como la única instancia colegiada a través de la cual “el Estado contribuye a la excelencia en el desarrollo de la educación superior”, marginando a instituciones no en base a la calidad, sino a una arbitraria categorización, por ejemplo, estar adscritas a la gratuidad.

Con todo, no es en esto donde se vislumbra el problema mayor. Se instala un escollo que puede ser insalvable para la autonomía, calidad y equidad. El gobierno con una pertinaz insistencia ha sido inmune a la crítica de que el modelo de financiamiento tiene un mal diseño y debió separarse del resto del proyecto. Desde luego, fija un itinerario para la gratuidad universal, medida probadamente injusta y regresiva. Pero lo peor puede suceder mucho antes. En la transición, las universidades adscritas no tendrán libertad para fijar los aranceles de los alumnos sin gratuidad que pertenecen a los deciles 7, 8 y 9 y deberán regirse por lo que la Subsecretaria determine. Es decir, el juego político presupuestario definirá cada año los aportes de la gratuidad y los aranceles de las carreras, lo que evidentemente amenaza la autonomía y calidad. De las universidades tradicionales, las del Estado recibirán un trato especial, que excluye a las G9, mediante un fondo exclusivo que les asegura U$ 500 millones para los próximos años.

El gobierno está empeñado en aprobar esta iniciativa como parte de su “legado”. Pareciera que el arte de gobernar estuviera más en aprobar leyes refundacionales, aunque sea a contrapelo y con prisas, que en perfeccionar lo existente sin dañar la autonomía, calidad y diversidad que ha sido la base de un sistema educativo reconocidamente exitoso.

Columna publicada en La Segunda