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Tarea pendiente: fortalecer las instituciones fiscales

21 de marzo del 2018


La noticia de la semana pasada respecto al déficit fiscal (estructural) del año 2017, que alcanzó 2,1% y no 1,7% del PIB como se había comunicado previamente, arroja un velo de dudas. Las razones esgrimidas van desde un simple error hasta acusar a las autoridades salientes de haberle mentido al país. Cualquiera sea la explicación, lo que se destila del caso es que han fallado las instituciones, entendiendo por éstas el conjunto de reglas y normas que regulan la gestión de distintas entidades –tanto públicas como privadas– y su interrelación con la comunidad. En este caso particular fallaron los mecanismos de medición de la política fiscal y los mecanismos por los cuales los errores deben darse a conocer.
La literatura económica es abundante en el tema institucional. En simple: mejores instituciones permiten alcanzar un crecimiento económico mayor y sostenido en el largo plazo. Por ejemplo, Bancos Centrales autónomos, cuyas autoridades no están sujetas a los ciclos políticos, proveen una mejor institucionalidad para el manejo de la política monetaria, resultando en menores niveles de inflación y mayor crecimiento en el largo plazo. En el área fiscal, reglas como la que existe en Chile, que establecen objetivos fiscales de mediano plazo (en el caso de nuestro país consiste en un compromiso de la autoridad relativo al déficit estructural), son consideradas por la literatura como una mejor institucionalidad que casos donde la autoridad tiene mayor discrecionalidad para determinar los déficits y superávits. Pero lo anterior debe ir acompañado de mecanismos eficaces de medición y control y un alto grado de transparencia, los que en el caso de Chile han resultado deficientes. Múltiples instituciones en Chile han sido cuestionadas en años recientes por casos de nepotismo, corrupción o abusos, afectando su credibilidad y la confianza del público (la lista es conocida y larga). En este contexto fortalecer la institucionalidad económica, por ejemplo, dándole mayor autonomía al Consejo Fiscal Asesor, como han sugerido distintos analistas, se hace más urgente. Para recuperar la calificación crediticia (rating) que el país tenía no basta con mejorar el resultado fiscal de los próximos años, sino que también debe mejorarse la institucionalidad para reducir la probabilidad que casos como éste se repitan. El mayor déficit estructural registrado en 2017 no significa un desastre en el plazo más inmediato: los niveles de deuda del país son aún moderados y manejables. Pero sí hará más difícil recuperar una senda de sostenibilidad de la deuda pública, lo que se consigue con un ajuste fiscal aún más exigente. Tanto o más importante es fortalecer la institucionalidad fiscal para que dicha senda no se pierda. Cómo reaccionen las autoridades políticas frente a lo ocurrido, esto es, si se toman o no las medidas correctivas necesarias, incluyendo reformas orientadas a fortalecer la institucionalidad, es una señal muy importante para el mediano y largo plazo. Reaccionar correctamente puede marcar la diferencia entre transformarnos en un país serio o seguir siendo un país aspiracional. Columna publicada en el Diario Financiero.
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Columna

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Sector Público
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Leonardo Hernández

Ing. Comercial y Magister UC. Master en Economía y Ph.D. en Economía Financiera U. de Columbia (EE.UU.). Profesor Asociado Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UC.

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