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Columnas

Un proceso miope

Han pasado más de 50 días desde que la Presidenta Bachelet anunciara por cadena de radio y TV el itinerario de creación de una Nueva Constitución y el avance hasta la fecha es escaso. En cuatrocientos cincuenta segundos, la mandataria definió entonces su propuesta de siete etapas para que Chile contara con una nueva Carta Magna dentro de -posiblemente- siete a diez años. Pese a que la primera parte de ese extenso cronograma debió haber partido a mediados de noviembre, hasta ahora no tenemos ni el más mínimo asomo del inicio de la fase de “educación cívica y constitucional”. Un mal indicio de lo que augura ser un proceso largo, complejo, críptico, contradictorio y especialmente condescendiente con los que esgrimen la necesidad imperiosa de derribar a toda costa cualquier asomo de la Constitución de 1980/2005.

La ausencia más notoria en el discurso presidencial y en el debate público es el de las rezones de fondo por las cuales Chile necesitaría volcarse por completo a un proceso constituyente. No ha existido ni la voluntad política ni la más mínima honestidad intelectual para iniciar un análisis sensato y desapasionado para reconocer aquellos elementos de la Carta de Pinochet y Lagos que posibilitaron no solo una transición a la democracia como en pocos países, sino que ha permitido crea un marco normativo político, económico y social responsable de excepcionales avances mediante los cuales hemos dejado atrás siglos de un subdesarrollo lacerante.

La consigna política enarbolada por ciertos sectores que consideran a nuestra Constitución como un “texto bastardo” negándole “legitimidad democrática” para erigirse como norma fundamental, choca de frente con la realidad. Seguir esa lógica supondría considerar “viciadas” las 36 leyes de reforma a la Carta Magna ya aprobadas que han transformado su texto original; “ilegítimas” las 6 administraciones presidenciales electas y regladas por este texto; “nulas” las 2894 leyes aprobadas hasta el día de hoy por el Congreso bajo este marco legal y los 1926 tratados internacionales ratificados por Chile.

No es muy complejo imaginar lo que se viene: una etapa interminable de consignas políticas acompañadas de una discusión especialmente pobre en materias genuinamente constitucionales, intervenciones de voceros autodenominados “ciudadanos” que difícilmente se habrán leído -al menos una vez- los 129 artículos de nuestra Constitución, cabildos ciudadanos organizados por un ente gubernamental en época de electoral financiados con recursos de todos los chilenos y, finalmente, la presentación de una propuesta híbrida por parte del ejecutivo, que posiblemente ni siquiera alcance a iniciar su tramitación en la actual legislatura. Es decir, los primeros tres años del “proceso constituyente” perdidos en una densa maraña de mantras mágicos que prometerán la redención de Chile de todos sus males republicanos. Preparémonos para el inicio de la década de la miopía constituyente.

*Columna publicado en los Medios Regionales de El Mercurio.