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Columnas

Una reforma maximalista que no avanza

¿Habrá finalmente una reforma a la educación superior durante la administración de la Presidenta Bachelet, uno de sus emblemas de campaña? Pese a existir amplio consenso en que es necesario perfeccionar la actual institucionalidad, el Gobierno ha fracasado en su intento por llegar a acuerdos básicos para legislar sobre el tema. Incluso, no ha sido prudente su cometido al aprobar aspectos tan fundamentales como la gratuidad, mediante glosas presupuestarias o la supresión de ciertas partidas del erario como la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), exponiéndose a demandas al Estado por incumplimiento de la legislación.

Parte del actual compás de espera responde a que el Ejecutivo siguió una mala estrategia legislativa. El camino de escoger una reforma maximalista que abordara todos los temas con sus complejas aristas en un solo proyecto de ley con 200 artículos y varios transitorios ha mostrado sus flaquezas y a estas alturas puede decirse que fue una malograda apuesta. Normas valiosas del proyecto quedaron sumergidas tras una avalancha de críticas específicas, dejando la impresión de un rechazo total. El Gobierno intenta salvar el impasse presentando al Congreso un protocolo de rediseño al proyecto global, reconociendo la necesidad de desatar lo que califica como nudos críticos, pero con propuestas que pecan de mezquinas y que dejan la sensación de una suerte de “gatopardismo”: un conjunto florido de lugares comunes sin cambios sustantivos al proyecto matriz.

Lo paradójico es que hay una convergencia de visiones en temas sustantivos: la educación superior debe privilegiar la calidad, diversidad y equidad sin discriminaciones; los medios deben asegurar provisión mixta público-privada, financiamiento a las instituciones con rendición de cuentas sobre resultados y financiamiento a los estudiantes, sea gratuidad, becas o créditos, con grados diversos de exigencias de méritos. Nadie se opone tampoco a que se cree una Superintendencia de Educación Superior que fiscalice el cumplimiento de la ley. Y tampoco se cuestiona que la calidad se asegure mediante rigurosos procesos de acreditación. Por último, la reciente propuesta de crear un ministerio de ciencia y tecnología para reparar la ausencia de una política pública de real fomento a las ciencias y su inserción en el mundo productivo suscitó un entusiasmo transversal de todos los sectores.

¿Hay entonces espacios para avanzar en el campo legislativo? Sí los hay, pero con proyectos separados en temas donde hay relativo consenso. Un primer proyecto es la Agencia de Calidad. No se puede negar que el proyecto asume correctamente la necesidad de un consejo independiente sin representación corporativa como el actual y tener mecanismos de seguimiento y acompañamiento a las instituciones acreditadas. Lo que falta es enmarcar la nueva ley en una normativa menos controlista y más orientada a promover la mejora continua. Lo segundo, como un imperativo que pocos discuten, la creación de una superintendencia que, entre otras materias, fiscalice la prohibición del lucro en las universidades, cautele la viabilidad financiera de las instituciones y se haga cargo de aspectos de la transparencia del sistema como la publicidad engañosa. Asimismo, la idea de relevar la importancia de la ciencia a través de un ministerio puede ser la oportunidad para discutir otra idea, la creación de un ministerio de educación superior, ciencia y tecnología, dados los estrechos vínculos entre educación como eje formativo de capital humano y la generación de nuevo conocimiento mediante la investigación.

Esa debiera ser la agenda legislativa del 2017. Como se ve, no está el tema del financiamiento. Una razón es que esa parte del proyecto fue la de mayor controversia porque era refundacional en el trato a los aportes basales, la gratuidad universal y la fijación de los aranceles, materias extremadamente sensibles para las instituciones, de modo que ese capítulo terminó siendo un pesado lastre que perjudicó el avance en ámbitos donde hay mayor consenso. La otra razón es que no tiene la urgencia que se le quiere dar. Chile no tiene un mal diseño en cuanto a financiamiento, como ha sido reiteradamente reconocido por el Banco Mundial y la OCDE, lo que no obsta por discutir más adelante sus mejoras. Aquí lo único que debiera ser materia de ley, asumiendo con realismo político lo que en la práctica es un hecho, es la gratuidad extensiva y adecuadamente financiada para el 50% de los estudiantes de menores ingresos en instituciones con acreditación vigente. Pero en ningún caso ir más allá de esa cifra, no solo por una restricción fiscal severa que durará muchos años, sino también porque la gratuidad universal es una medida regresiva e injusta.

Columna publicada en El Mercurio.